Durante sus dos primeros años, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha una estrategia de seguridad prácticamente igual a la que utilizó su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que sigue generando graves violaciones a los derechos humanos y pone en riesgo a sectores vulnerables, entre ellos a los activistas de organizaciones sociales.

Lo anterior se señala en el informe ¿México en paz? Estrategia de seguridad y derechos humanos, elaborado por el colectivo Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés).

El único cambio entre el sexenio anterior y el actual es de discurso, pues las tareas de seguridad pública siguen, en gran medida, bajo control del Ejército, destaca el reporte.

Al presentar el documento –en una reunión a la que asistieron representantes diplomáticos de varios países europeos e integrantes de organizaciones de derechos humanos–, el colectivo PBI destacó que a pesar del discurso oficial, no se ha observado un México en paz en los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto, sino la continuidad de las problemáticas de seguridad pública.

Una muestra de ello, señala el informe, es lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, estado de México, donde elementos del Ejército privaron ilegalmente de la vida al menos a 15 presuntos delincuentes rendidos y desarmados, así como la participación de funcionarios públicos en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Para la elaboración del estudio se entrevistó a varios activistas de organizaciones independientes, quienes manifestaron su preocupación por varios aspectos de la estrategia de seguridad del actual gobierno, entre ellos “el amplio rol que el Ejército ha mantenido de facto en tareas de seguridad pública”, sin fijar fecha para que los militares regresen a sus cuarteles.

La diferencia entre el mandato anterior y el actual es sobre todo en el discurso, porque identificamos que sigue la misma línea de confrontación directa al crimen organizado, lo cual ha provocado que el clima de impunidad, violencia y violaciones a los derechos humanos continúe, indicó en entrevista Ricardo Cancela, coordinador de comunicación e incidencia de PBI.

Por lo anterior, la organización emitió una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, entre ellas que reconozca la importancia y legitimidad de los activistas de organizaciones civiles, asegure la integridad física y sicológica de dicho gremio y ponga en marcha todos los recursos del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.