l secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó ayer la separación de Alfredo Castillo Cervantes del cargo de comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que ocupaba desde el 15 de enero de 2014. A renglón seguido, el funcionario federal anunció la decisión presidencial de crear la figura de un mando especial de seguridad para Michoacán, que será ejercido por el general Felipe Gurrola Ramírez, quien coordinará con las autoridades estatales y municipales el trabajo de más de 6 mil elementos de las fuerzas federales.
Con independencia de las razones que motivaron la salida de Castillo Cervantes de la entidad, el hecho es que el fin de su ciclo en ella se inscribe en la cadena de errores institucionales y legales que ha prevalecido en esa entidad desde el momento de su designación como comisionado. En efecto, ante la desastrosa situación de violencia e ilegalidad que se vive en Michoacán desde el sexenio pasado, habría sido deseable que la Federación se erigiera en un factor de recuperación del estado de derecho y de fortalecimiento de la institucionalidad local, y que se recurriera, en todo caso, al mecanismo legal previsto en la Constitución para los casos extremos de pérdida de gobernabilidad: la declaratoria de desaparición de poderes por parte del Senado; el traslado del control territorial al gobierno federal y el posterior nombramiento de nuevos poderes que sustituyeran a los desaparecidos.
No obstante, el gobierno federal actuó en sentido contrario a esas necesidades y adoptó medidas que contribuyeron a socavar la institucionalidad estatal: tal es el caso del nombramiento, vía decreto presidencial, de un comisionado cuyo ejercicio implicó, en los hechos, una suplantación de los poderes soberanos de esa entidad por el Ejecutivo federal.
Más allá de lo formal, el arribo de Castillo a Michoacán no contribuyó a restañar la paz social, la seguridad pública y el estado de derecho en la entidad; simplemente reconfiguró la violencia y la descomposición. Pese a que desde abril de 2013 el funcionario anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido al auge de la criminalidad, ese mismo año concluyó con violentos enfrentamientos entre fracciones opuestas de la Policía Rural, fuerza creada ex profeso por Castillo para regularizar
la actuación de las autodefensas.
En cuanto a la operación de bandas delictivas, y más allá del abatimiento y captura de algunos presuntos capos de los cárteles locales, la entidad cerró 2014 con un índice delictivo general (34 mil 911 delitos denunciados hasta noviembre) que muestra un repunte respecto a los cuatro años previos, y hace recordar los niveles de violencia observados durante el sexenio anterior, que llegaron a su clímax en 2009, con 41 mil delitos denunciados. Adicionalmente, ante la aparente desintegración de La familia michoacana y Los caballeros templarios, en Michoacán se ha producido un realineamiento en torno a otras organizaciones criminales, como Los Viagras y el cártel de Los H3.
En suma, la intervención federal en territorio michoacano ha resultado hasta ahora ineficaz y contraproducente, pues ha profundizado el debilitamiento del entramado institucional local y ha alejado, a fin de cuentas, la perspectiva de recuperación del estado de derecho en la entidad.
