Los gobiernos estatales y municipales entregaron sus proyectos de acciones contra el delito (prevención social) para 2015 que operan con recursos federales. La Secretaría de Gobernación (SG) vigila que las acciones –en 81 ayuntamientos o demarcaciones– tengan sustento técnico, no político.

Estamos por firmar los anexos (con cada entidad). Adelantamos todo el proceso, previendo que es un año en el que habrá veda por proceso electoral. Para poder trabajar antes, nos comprometimos a que los convenios con los gobiernos y municipios se firmarán este mes, dijo Lucila Guerra Delgado, responsable de planeación estratégica de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG.

Los convenios incluirán las metas y los compromisos de los gobiernos locales. El propósito es aplicar una revisión técnica muy precisa, sustentada con diagnósticos de la problemática específica de cada localidad.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda se compromete a entregar los recursos en febrero, con el fin de que los planes de prevención se apliquen a la brevedad.

En el tercer año de gobierno, el plan federal antidelito se enfocará en atender a las víctimas de la violencia. La lista de prioridades está encabezada por el grupo de menores de edad en centros tutelares, seguido de madres adolescentes y los afectados por las agresiones intrafamiliares.

Con un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos, se agregaron para 2015 ocho municipios a la lista de beneficiarios de este programa federal; no se eliminó ninguno, bajo el principio de continuidad de los programas iniciados en 2013.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía terminó el mes pasado de levantar una encuesta acerca de la percepción ciudadana en torno la violencia familiar y comunitaria. Los resultados serán emitidos en abril.

Para 2015 todos los municipios recibirán prácticamente el presupuesto del año anterior, según el compromiso federal.

La prevención (del delito) se hace a mediano y largo plazos porque estamos hablando de procesos de transformación. Estamos enfatizando la prevención terciaria. En el tercer año (de este sexenio) queremos focalizar en las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia, señaló la funcionaria.

En cuanto a los jóvenes en conflicto con la ley, subrayó que será obligatorio en todas las entidades destinar recursos para atenderlos, con el fin de que al salir de prisión no reincidan.

De igual forma, se continuará el trabajo con las redes comunitarias de prevención.

El enfoque de este año es priorizar la prevención terciaria, sin dejar de atender las otras acciones, señaló.

Lo anterior, durante la presentación de la convocatoria de la Fundación Motorola Solutions y Gobernación sobre proyectos en apoyo al programa nacional para la prevención social de la violencia y la delincuencia, cuyas bases pueden ser consultadas en la página de la empresa.