Batalla sin tregua
na buena y varias malas. Esta semana por fin se hizo justicia a Juan Carlos Solís, activista, defensor de derechos humanos y colaborador de la revista Desinformémonos, luego de nueve meses de injusto encierro por el delito de oponerse a los megaproyectos de muerte que se imponen en Puebla, estado notable por la enorme cantidad de presos políticos en sus cárceles. Al menos 45, reporta el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado.
No es poca cosa que la presión de la sociedad civil y la asistencia jurídica debida hayan conseguido la libertad del activista, pues la lucha del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, sin duda lo necesita para seguir resistiendo al Proyecto Integral Morelos (PIM), que contempla la construcción de dos termoeléctricas, un gasoducto de 160 kilómetros que atravesará 60 pueblos de tres estados en una zona de alto riesgo por el volcán Popocatépetl, además de un acueducto que pasará por 19 pueblos de Morelos, sembrando a su paso destrucción y muerte.
Pero para el Estado no hay tregua. Mientras se libera a Solís, la luchadora social Nestora Salgado, permanece en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit, a pesar de que el gobierno de Guerrero se desistió de los cargos imputados a esta integrante de la policía comunitaria de Olinalá. Y también permanecen presos los yaquis Mario Luna y Fernando Gutiérrez, detenidos por oponerse a la construcción del Acueducto Independencia, obra totalmente ilegal desde su licitación.
Esta semana, luego de cuatro años de lucha incansable por defender su agua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la operación del acueducto, por el cual se están llevando el líquido de los yaquis hacia las fábricas de Hermosillo, y se reconoció el derecho
del gobierno de Sonora a hacer uso de la cuenca del río Yaqui, lo que representa, junto con la detención de sus voceros, uno de los golpes más duros a la defensa de esta cultura.
Tomás Rojo, otro de los voceros de la tribu, afirma que no creerán más en el estado de derecho en México, pues, dice estamos ante un gobierno que sólo defiende a los que se roban el agua
. La decisión en su contra de la máxima instancia de justicia de la nación, los llevará a probar los caminos internacionales de denuncia, pues con las manos cruzadas no se van a quedar.
La búsqueda de otros caminos, el fortalecimiento de la organización, la defensa de su territorio y la construcción de su autonomía, es parte de las conclusiones a las que siguen llegando los pueblos luego de recorrer todas las vías jurídicas a su alcance, pues lo que está en juego es nada menos que su sobrevivencia.
