na foto reciente tomada por Francisco Olvera de La Jornada (16/01/2015, página 10) parece mostrar gráficamente uno de los trasfondos de la actual situación de crispación en la República: las presiones empresariales. El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, alto y robusto, aparece frente al Presidente, lo mira con severidad, y mientras algo le dice, con el dedo índice recto y amonestador casi empuja el pecho del mandatario. Puede ser el reclamo por la reforma fiscal, pero también por las manifestaciones de protesta en Guerrero. Una salida represiva, sin embargo, como la que algunos sectores empresariales están exigiendo, tendría serias repercusiones, porque el tema de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa no cesa, sino se profundiza: ahora resulta, por ejemplo, que habrá que asumir que una banda de forajidos huérfanos de escuela incineró a medio centenar de personas de manera tan completa, profesional y científica como para derrotar a la tecnología austriaca más avanzada en el tema de la recuperación del ADN. Éste se ha obtenido incluso de restos fósiles de hace cientos de miles de años para mostrar que el hombre moderno tiene una herencia genética del Neardental, pero nada puede decirnos de lo que aseguran ocurrió hace apenas cuatro meses en un basurero de Cocula.

Mientras unos cuantos padres de los más pobres del país arrastran su pena y su tragedia por todo el país, cada vez más se puebla el escenario de constantes apariencias y realidades de casas y corrupción en los niveles más altos del Estado y la política. Pero además hay una ausencia de reflexión y sensibilidad en las acciones del Estado que lo convierten en uno de los principales factores del surgimiento de las emociones y las realidades problemáticas que ahora llenan el país.

En el terreno de la educación, en tan sólo dos semanas de enero se ha anunciado que: 1) la SEP no pagará su salario a miles de maestros en servicio porque no los tiene registrados, y tocará a los estados –ahora privados de los recursos federales para ese tipo de retribuciones– asumir el costo. 2) Al mismo tiempo que lo anterior y casi como respaldo, la SEP advierte que ya vienen las evaluaciones a los maestros en servicio y, como prevé la ley de la reforma educativa, detrás las consecuencias: miles serán despedidos o removidos de la docencia.

3) Se publican los resultados de la evaluación extraordinaria de 16 mil aspirantes a una plaza de maestro, y a más de la mitad (seis de cada 10) se les endilga el calificativo de no idóneos. Resultado que muestra no tanto el bajo nivel de los aspirantes, como la poca capacidad del Estado para educar a los jóvenes del país y/o para diseñar exámenes apropiados. Porque todos esos carentes de idoneidad se han formado en escuelas del Estado o bajo la vigilancia de éste, y en estos últimos 20 años los centros evaluadores del Estado o prohijados por éste han mostrado muy poca capacidad en la hechura de exámenes. 4) Se anuncia la reaparición de la cuestionada prueba Enlace (con el aviador nombre de Planea, Plan Nacional de Evaluaciones del Aprendizaje). Una vez más, se trata de una evaluación nacional, para todos los del último grado de los diversos niveles y uniforme, pues ni se mencionan evaluaciones regionales, locales o en las lenguas originarias. Una evaluación que, de nuevo, servirá para diferenciar entre las buenas y malas escuelas, entidades y maestros, pero sin que aparezca cómo exactamente va a mejorar la educación. 5) Por su parte, los estudiantes politécnicos, con sus renovadas protestas, reiteran que era en serio una de sus demandas de sustento a la autonomía: la posibilidad de elegir a sus propios directivos. Y, finalmente, 6) la caída de la economía que, como suele, afectará el gasto en educación, sobre todo superior, y disminuirá las posibilidades de que las universidades públicas puedan dar pasos sólidos para ofrecer más lugares a los rechazados.

Así, como una especie de cabañuelas, en unos cuantos días de enero se presenta en resumen toda la dinámica del conflicto –en la educación– que formará parte de 2015. Y es herencia de un pasado reciente que en su momento no se ha sabido resolver y del que, por tanto, tampoco se aprende. Seguirá, pues, invadiendo el presente cada vez con mayor fuerza. La actuación o la omisión del Estado continuará siendo así uno de los factores más importantes de la conflictividad nacional, y el que responda ahora con más violencia, dentro y fuera del terreno educativo, sólo agravará su crisis. Con razones más sólidas que las empresariales, ahí están los reclamos del pasado dramáticamente presentes.

A Julio Scherer G.

*Rector de la UACM