Comuneros y colonos de Santo Domingo Chihuitán, municipio de Juchitán, Oaxaca, exigieron al Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Tuxtepec, hacer cumplir las medidas cautelares que dictó hace tres meses para suspender la extracción del material pétreo en la zona de El Campanario, de ese municipio ubicado en la zona mixe zapoteca de la región del istmo de Tehuantepec.

Manifestaron que la Cooperativa Minera Chihuiteca intenta extraer material de las piedras sin permiso avalado por el tribunal agrario y argumentan que tienen la autorización de Roberto Rueda, hermano de Juan Rueda, comisariado ejidal de Chihuitán, pero no es la persona autorizada para eso.

Pedimos al tribunal agrario hacer valer el contrato, asimismo a las autoridades comunales para que respeten lo pactado.

Explicaron que a raíz de que la Cooperativa Minera Chihuiteca entró de forma ilegal a esa zona, ellos se quedaron sin trabajo porque se canceló un contrato con el grupo Minero Chihuitán, pues éste había firmado ilegalmente con Cooperativa Minera Chihuiteca, empresa donde figuran Roberto Rueda y otro familiar de Juan Rueda, presidente del comisariado ejidal.

Se quejaron de que el grupo minero zapoteco Chihuitán obtuvo ya la resolución el TUA a su favor, que autoriza a continuar con la extracción de material pétreo de ese cerro luego que depositó garantía de un millón 80 mil pesos. Explicaron que toda la extracción de piedra puzolana la tiene que hacer ese grupo y si la realiza otro es material robado que tendrá que pagar la comunidad.

Demex debe cumplir convenios

En Unión Hidalgo, comuneros, habitantes y autoridad municipal realizaron una asamblea y acordaron exigir a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) y a su representante legal, Fernando Ballester, cumplir con los acuerdos de 2014 cuando se comprometió a realizar estudios para medir los decibeles que producen las turbinas, debido a que los habitantes de la parte norte se quejan de dolores de cabeza y la compañía colocó los generadores a 500 metros de la comunidad más cercana, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que deben estar a una distancia mínima de dos kilómetros, pero la empresa no cumplió, puntualizó Juan Regalado, uno de los afectados.

Mientras el edil de Unión Hidalgo, José López de la Cruz, manifestó que desde que asumió el cargo no ha pedido reunirse con el representante legal de la empresa.