En México existen decenas de miles de personas que han tenido que salir de su lugar de origen debido a la violencia, y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno de desplazamiento forzoso, no han estudiado su magnitud ni han ayudado a las víctimas, debido a que su prioridad es cuidar su imagen internacional.

Esto afirmó Laura Rubio, autora del libro Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, quien lamentó que la inacción del gobierno también está relacionada con su falta de capacidad institucional para intervenir.

Según datos del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), actualizados a diciembre de 2013, en el mundo hay alrededor de 33.3 millones de personas desplazadas, de las cuales unas 170 mil viven en México.

Sin embargo, el número real sería mucho mayor por el tiempo que ha pasado desde la fecha de este informe, pero también porque una de las fuentes de las cifras son las notas periodísticas sobre el tema, y en muchas regiones del país los comunicadores no informan al respecto por miedo a represalias, indicó la especialista.

La académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México dijo que las autoridades han adoptado tres tendencias básicas para abordar el fenómeno: negar rotundamente que sea por violencia, criminalizar a las víctimas al asumir que fueron atacadas por su relación con grupos delincuenciales o afirmar que huyen porque tienen miedo, pero no porque su vida corra peligro de verdad.

Hay mucha gente que se desplazó porque ya sufrió un acto de violencia, pero el gobierno no lo atiende. La única instancia que hace algo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero con una precariedad bárbara, porque tiene muy poco presupuesto y recursos humanos, lamentó.

Para Rubio, consultora del IDMC, la inacción del gobierno no puede explicarse por falta de conocimiento del problema, pues desde hace varios años diversas organizaciones sociales lo han denunciado –incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013–, sino por falta de voluntad política y de capacidad.