En la amplia jornada de movilizaciones que llevaron a cabo ayer, los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa sostuvieron que no aceptarán la hipótesis de que sus hijos están muertos, pues no existen pruebas científicas contundentes que así lo demuestren. Asimismo, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir dos nuevas líneas de investigación que contemplen la participación del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero.

En la octava Acción Global por Ayotzinapa y México –realizada a cuatro meses de la desaparición de los estudiantes–, advirtieron nuevamente que no permitirán que se lleven a cabo las elecciones de este año en Guerrero; dijeron estar seguros de que el gobierno tiene detenidos a sus hijos, y señalaron que ‘‘nadie cree’’ la versión del procurador Jesús Murillo Karam de que están muertos e incinerados.

La de ayer fue una jornada de 10 horas que se inició con marchas desde los cuatro puntos cardinales de esta ciudad: Indios Verdes, al norte; Taxqueña, al sur; la calzada Ignacio Zaragoza, al oriente, y el Auditorio Nacional al poniente.

‘‘No lo superaremos’’

Todas las movilizaciones fueron encabezadas por núcleos de los padres de familia y arropadas por miles de integrantes del magisterio disidente de diversos estados; concluyeron con un mitin por la noche en el Zócalo en la ciudad de México, donde los familiares de los normalistas advirtieron: ‘‘No superaremos la ausencia de nuestros hijos’’.

Agregaron: ‘‘Enrique Peña Nieto pensó que con el paso del tiempo los padres nos íbamos a cansar y permitir así que este crimen quedara en el olvido. Pero se equivocó, aquí estamos para recordarle que cuando nos reunimos con él por primera vez en Los Pinos, le dijimos que si era incapaz de darnos una respuesta se fuera de la Presidencia’’.

Las calles de la ciudad fueron una vez más tomadas por miles de manifestantes (60 mil, según los organizadores, y 15 mil, de acuerdo con las cifras del gobierno capitalino) para mantener la exigencia principal: presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada y castigo a los responsables materiales e intelectuales de la agresión perpetrada contra los jóvenes el pasado 26 de septiembre.

Tras cuatro meses de ‘‘dolor y pesadilla’’, los familiares ampliaron su estrategia de lucha, caminaron 43 kilómetros entre las diversas marchas, que fueron haciendo prolongados saltos a lo largo del trayecto para realizar mítines en algunos de los cruces más concurridos de Insurgentes Norte, Tlalpan, Calzada Zaragoza y Paseo de la Reforma.

En la movilización criticaron las ‘‘mentiras del régimen’’; señalaron que el gobierno ‘‘sabe dónde están nuestros hijos’’ y que las búsquedas que han realizado ‘‘son un teatro’’. Afirmaron que cuentan con ‘‘pruebas’’ para señalar que en la desaparición de los 43 participaron elementos del 27 batallón de Infantería, que se ubica en Iguala.

Las movilizaciones incluyeron una marcha vespertina que se inició a las 4 de la tarde en el Auditorio Nacional y que convergió con las otras en el Zócalo. A ésta se sumaron miles de estudiantes de diversas instituciones de educación superior –públicas y privadas– como la UNAM, la UAM, el IPN y el ITAM, así como integrantes de los sindicatos de telefonistas, de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de electricistas en resistencia.

En el mitin central, los padres y madres manifestaron su dolor e indignación. El vocero del movimiento, Felipe de la Cruz Sandoval, dijo que el gobierno ‘‘va a pagar caro cada segundo de sufrimiento de los padres de los desaparecidos; el pueblo de México se las va a cobrar segundo a segundo’’. Otro padre, Mario César, señaló que ‘‘el gobierno le apostó al olvido, pero va a perder; para nosotros, nuestros hijos son un pedazo de corazón y los llevamos dentro’’.

A Carmelita Cruz se le quebró la voz: ‘‘Quiero decirle a mi hijo, donde quiera que esté, que no piense que no lo estoy buscando y que ya estuvo bien que el gobierno nos siga haciendo sufrir con búsquedas simuladas. Esto sólo demuestra que son ellos los que los tienen’’.

Marco Flores sostuvo a su vez que han sido cuatro meses de ineficacia del gobierno para encontrar a los normalistas, ‘‘pues no ha dado una respuesta contundente y su única hipótesis (que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula) no es creíble’’.

Para Omar García, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, la actuación de la clase política es ‘‘cínica, porque continúa negando la participación de militares en los hechos’’. Al final se leyó un pronunciamiento de la Asamblea Nacional Popular donde se criticó la postura de Murillo Karam, pues ‘‘no da certeza jurídica sobre los hechos y para llegar a una conclusión no bastan sólo las declaraciones de los detenidos’’.

Como parte de este pronunciamiento se anunció que el próximo 31 de enero se realizará la Asamblea Nacional Popular en la Normal de Ayotzinapa, y en el mismo lugar, el 5 de febrero, la Convención Nacional Popular, donde diversos sectores comenzarán a sentar las bases para impulsar la transformación del ‘‘corrupto sistema’’ que tiene en la debacle a este país’’.

Anunciaron finalmente que van a bloquear las elecciones en Guerrero y no se va a llevar a cabo el proceso, ‘‘aunque el gobernadorcito’’ diga que sí y el secretario de Gobernación lo afirme, sostuvo De la Cruz.

A diferencia de las últimas movilizaciones, donde se infiltraron grupos radicales, la jornada de ayer cerró sin ningún enfrentamiento.