ientras la familia de Moisés Sánchez Cerezo duda de la versión oficial en torno a la identidad del cadáver que el fiscal, Luis Angel Bravo, sostiene es del comunicador, y el Partido Acción Nacional (PAN) se ve entrampado en la férrea defensa del alcalde de Medellín, acusado de ordenar el asesinato, el gobierno estatal tiene la obligación de convencer a los ciudadanos de que ha actuado en éste y otros casos con el debido profesionalismo y transparencia para esclarecer el homicidio del undécimo periodista en lo que va del sexenio.

La lista comienza con las policías municipales infiltradas y convertidas en brazos ejecutores de la delincuencia pues, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, motopatrulleros del municipio de Medellín fueron testigos del secuestro del reportero y un ex agente municipal confesó haber participado en el asesinato, modo de operación que remite invariablemente a Iguala y a los normalistas desaparecidos.

Al gobierno le falta capacidad de convencer a la opinión pública de sus buenas intenciones de garantizar seguridad y condiciones de certidumbre en el quehacer periodístico ante otro homicidio de un modesto reportero que ejerció el oficio en condiciones verdaderamente difíciles.

También están ahí los partidos enfrentados en esta arena que tiene como telón de fondo la tragedia de Moisés Sánchez. Unos desconfían del trabajo de la PGJE y consideran que se trata de un montaje mal hecho para afectar políticamente a un opositor; el PAN reaccionó en defensa del alcalde Omar Cruz y, para presionar al gobierno de Javier Duarte, desempolvó los casos de periodistas asesinados o desaparecidos, expediente que no puede usarse como chantajista moneda de cambio, pues se trata un expediente abierto.

Por lo pronto, con la solicitud de desafuero en contra del munícipe por la presunta autoría intelectual del homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo, se mantiene la duda: ¿a quién creerle? ¿Al PAN, que sigue actuando como cómplice de aquel a quien las evidencias señalan como que ordenó el asesinato, o al gobierno, que no ha podido establecer una política convincente de comunicación pública y generar credibilidad entre los ciudadanos?