El gobierno de la ciudad tiene la obligación de trabajar para restablecer en su totalidad el servicio de la línea 12 del Metro, buscar que los trenes sean los óptimos y, sobre todo, garantizar la seguridad de las miles de personas que a diario se trasladan por ésta, aseveró Miguel Ángel Mancera.

El mandatario capitalino reiteró que el compromiso es poner en funcionamiento, antes de finalizar 2015, las 11 estaciones que fueron cerradas en marzo pasado. Aclaró que sería absolutamente irresponsable autorizar que se echara a andar la línea en este momento, porque no se tienen las condiciones de seguridad; ya todo mundo lo conoció en el informe de Systra, apuntó.

Rechazó hacer algún comentario sobre el informe preliminar de la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a los recursos federales que se destinan o destinaron a la línea 12 del Metro, que comenzó a circular el pasado martes.

De manera oficial no tengo ningún dictamen o resultado de esta comisión; no sabemos ni tenemos la certidumbre jurídica de la existencia del mismo, dijo. Se comprometió a que, cuando sea avalado por la comisión y se notifique al Gobierno del Distrito Federal, hará los comentarios correspondientes o designará a los funcionarios que los harán.

Sobre la carta que el ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon envió a los diputados pidiéndoles que lo citen a la citada comisión, Mancera precisó que corresponde al Poder Legislativo federal responder, no a él.

Remarcó que la comisión que se constituyó en la Cámara de Diputados tiene que ver con los recursos federales que se destinaron a la construcción de la llamada línea dorada, mientras la Contraloría General del Distrito Federal realiza una serie de auditorías que han permitido ubicar a algunos de los responsables de las irregularidades detectadas en la obra.

Faltan dos (auditorías) todavía; se están cerrando. Esperaría que estuvieran a mediados de marzo; son muchos datos técnicos los que hay que revisar, porque falta la parte de trenes y de todo este engranaje rueda-riel, detalló.

Recordó el litigio que el consorcio constructor, formado por ICA, Carso y Alstom, inició en contra del GDF para reclamar un pago de 6 mil millones de pesos, y que en la primera etapa procesal se redujo a 2 mil 500 millones. Ahora se encuentra tanto en tribunales federales como locales.

Estamos trabajando para que sea lo menos oneroso posible para el Gobierno del Distrito Federal, porque están reclamando convenios complementarios, aseguró.

El jefe del Ejecutivo local desglosó que su administración se enfrenta a las etapas marcadas en los contratos, donde se tiene que hacer liquidaciones, evaluaciones y luego enfrentar reclamos, así como a las cláusulas que se firmaron y hay que cumplir, como el pago permanente de los trenes, independientemente de la funcionalidad plena o no de los mismos.

Es decir, es una obligación contractual y no podemos vulnerar el contrato así nada más, concluyó.