La desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, ‘‘no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente. Sigue abierto: falta buscar la verdad, ver qué dicen los jueces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los resultados periciales solicitados al extranjero y conocer el destino de los estudiantes. No debe estar cerrado, no puede hablarse de una conclusión’’, acotó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

El ombudsman presentó ayer su informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y ahí afirmó que no hay manera de recuperar la normalidad que el país tenía antes de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, porque ésta ‘‘era anómala, estaba asentada en buena medida en la simulación, la ausencia de información pertinente, la desidia, la indolencia y la falta de responsabilidad pública de quienes propiciaron ese estado de cosas’’.

González Pérez definió que la agresión a los normalistas ‘‘es grave por su propia naturaleza, así como por su relevancia y proyección, pues hasta que no se acredite lo contrario estamos en presencia de desapariciones forzadas, entre otras violaciones a derechos humanos’’.

Un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvo que hay evidencias suficientes para cerrar el caso, el presidente de la CNDH señaló que ‘‘las autoridades no podrán dar por concluido este expediente hasta que todos los responsables sean juzgados y se aclare el destino de los estudiantes desaparecidos’’.

Además, dijo, se debe buscar la verdad de estos hechos a fin de que los responsables sean señalados, puestos ante la justicia y sancionados conforme a derecho.

Para el ombudsman, lo ocurrido en Iguala constituye el ejemplo más significativo de lo que está mal en la sociedad mexicana, sobre todo de la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras del Estado, de la displicencia y omisiones.

‘‘Hay que desmontar ese entramado perverso de complicidades y colusiones cuyo trasfondo no es otro que la corrupción’’, convocó.

González Pérez defendió las movilizaciones de respaldo a las víctimas y sus familiares, porque ‘‘son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre autoridades y delincuentes, y de inconformidad ante los abusos de poder y falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente’’.

Expuso que la CNDH defiende el derecho a la libertad de expresión y a la protesta social, aunque definió que éstos no son absolutos y pidió que las manifestaciones se mantengan dentro de los límites de la legalidad, lo que las reviste de mayor legitimidad.

Al Congreso de la Unión le propuso discutir y aprobar una ley general de desaparición forzada, y al gobierno federal cumplir su obligación de dar cauce al descontento y generar vías adecuadas para responder efectivamente.

Al respecto, en conferencia de prensa posterior, invitó al Ejecutivo a abrir un espacio de interlocución con los padres y madres de familia y sus representantes, y señaló que la CNDH está dispuesta a colaborar en este diálogo.

Interrogado respecto de la afirmación que la víspera hizo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre que no hay ningún indicio que apunte a una presunta participación del Ejército en la agresión a los estudiantes, González Pérez dijo que la CNDH no soslayará ninguna arista en su investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Aclaró que si bien se ha solicitado información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ‘‘debo ser enfático en que esto no implica que estemos calificando una actuación, y no nos pronunciaremos hasta agotar el expediente’’.

Resaltó que cuando se recabe toda la información de las autoridades, de la lectura de los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR y de las entrevistas realizadas y por realizar, ‘‘podremos definir hacia dónde caminan las violaciones a los derechos humanos. Antes sería irresponsable pronunciarme’’.

Asimismo, el presidente de la CNDH propuso al Congreso una reforma para que se suprima la posibilidad de relección para el ombudsman y evitar así que su autoridad moral se debilite. La crisis de credibilidad y confianza que desató la agresión en Iguala, dijo, también afectó a la comisión.