El grupo plural de trabajo de la Cámara de Diputados para coadyuvar en la investigación de los hechos ocurridos en Tlatlaya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) información sobre la cadena de mando del 102 batallón de infantería, y datos sobre los elementos de ese grupo de militares que estuvieron directa o indirectamente involucrados en el acto en el que 22 personas fueron privadas de la vida.

Diversos medios de comunicación han corroborado, en el expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la ausencia de información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el contexto de esos trágicos acontecimientos, expresaron los diputados Miguel Alonso Raya, Elena Tapia, Aleida Alavez y Carol Altamirano.

A la fecha, señalaron, la Sedena ha declarado que no existe información sobre la cadena de mando y se ha afirmado que el asunto corresponde a la PGR, al encabezar la investigación en el ámbito penal, y se ha declarado la información como reservada, sin que se acrediten los requisitos de ley, tramitando, incluso, recursos judiciales para evitar la publicación de los datos.

La demanda del grupo plural se sustenta en la información proporcionada por investigaciones periodísticas que han revelado contradicciones y omisiones sobre la llamada cadena de mando. Se dice que el día de los hechos podrían haber estado presentes 55 elementos del Ejército y 21 de la Marina; ante ello, es necesario que las autoridades federales y el gobierno del estado de México hagan pública toda la información acerca de actos y omisiones contrarios a derecho por parte de los servidores públicos, en consonancia con las decisiones de la CNDH y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Los diputados consideraron que las relaciones cívico-militares, en un contexto democrático, requieren máxima transparencia y rendición de cuentas, lo que redunda en la institucionalidad de las fuerzas armadas. Por ello, los poderes públicos deben colaborar para atender las demandas de la ciudadanía y de diversas organizaciones nacionales e internacionales, acerca del esclarecimiento de la actuación de los elementos castrenses en el caso Tlatlaya, y otros acontecimientos donde se han vulnerado los derechos humanos.