Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra en Morelos, Puebla y Tlaxcala, advirtió que aún tiene pendientes algunos procesos, por lo que podría ser encarcelado en caso de continuar con sus actividades contra el Proyecto Integral Morelos (PIM).

En conferencia de prensa, indicó que pese a haber recuperado su libertad, tanto él como otros activistas corren el riesgo de ser detenidos, como parte de una estrategia del gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para reprimir la disidencia.

Fui detenido y acusado de delitos fabricados con el fin de mantenerme preso y neutralizar nuestra lucha. Hoy hemos logrado un paso hacia la justicia, pero mi libertad no es definitiva, ya que todavía sigue vigente otra orden de aprehensión en mi contra, situación que me pone en riesgo a mí y a otros 11 compañeros más, dijo.

Flores explicó que desde 2012 la administración de Moreno Valle ya tenia planeada su detención, la cual se llevó a cabo en abril del año pasado, cuando se le acusó de robo agravado y obstrucción de obra pública, las cuales siguen pendientes y podrían ejecutarse si el amparo que le otorgaron es sobreseído.

Todavía hay 13 órdenes de aprehensión como parte de esta constante de criminalizar a las autoridades locales y a los pobladores que se oponen al PIM, que busca la industrialización de la zona. En Puebla nos encontramos en un estado de terror, desde hace seis o siete años hemos estado en conflicto, lamentó.

Miriam Pascual, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, saludó la liberación de Flores, pero advirtió que aún hay muchas órdenes de aprehensión contra varias personas “por el único ‘delito’ de criticar a Moreno Valle”.

En el mismo sentido, Alberto Solís Castro, de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, advirtió sobre la grave criminalización de los luchadores sociales en el país, sobre todo contra los que defienden a las comunidades de la imposición de megaproyectos.