Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), con el aval del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, presentaron en el Congreso de Puebla una iniciativa de reforma para castigar hasta con cuatro años de cárcel a quien haga pintas en edificios públicos y con 12 al que provoque alteraciones en la infraestructura urbana.

Abogados y defensores de derechos humanos reprobaron la propuesta, con el argumento de que busca reprimir la protesta social al imponer castigos equiparables a los que correspnden a corrupción de menores, tortura y peculado, entre otros delitos.

El autor de la iniciativa es el legislador panista Eukid Castañón Herrera, quien fue secretario de la Contraloría y subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil en la actual administración.

La propuesta, turnada a comisiones para su dictamen, incluye cambios al Código Penal del estado con el fin de incrementar las sanciones a quien sin consentimiento de quien deba darlo, causare daño, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquiera otra manifestación gráfica.

Asimismo, propone derogar los tres párrafos finales del artículo 413 bis, en los que se instruye a la autoridad procurar la mediación para sustituir la acción penal con trabajo comunitario, por lo cual las personas que sean sorprendidas haciendo pintas enfrentarán pena de cárcel.

Si los daños afectan propiedad privada, la sanción sería de uno a tres años de prisión. la norma vigente impone de 30 días a tres años de prisión y multa de 10 a 250 días de salario mínimo.

En el caso de bienes de dominio público, el proyecto legislativo plantea una pena corporal de dos a cuatro años, que contrasta con la sanción actual, de 40 días a cuatro años de prisión y multa de 20 a 300 días de salario mínimo.

También propone modificar el artículo 185 del Código Penal para aplicar de tres a seis años de cárcel a las personas que ejecuten uno o más delitos por pandilla, lo que duplica la sanción vigente, que es de uno a tres años de encierro.

De la misma forma, prevé modificar el artículo 413 ter para imponer pena de seis a 12 años de prisión a quien o a quienes de forma ilícita y dolosa causare o causaren alteración, daño, destrucción o deterioro al equipamiento o infraestructura urbana, a algún bien destinado o utilizado para la prestación de servicios públicos, o del patrimonio artístico o arquitectónico del estado.

El Código Penal de estado castiga la corrupción de menores con penas de siete a 12 años de cárcel; el peculado, con seis meses hasta 12 años, y la tortura con tres a 12 años.

La presidenta estatal del Partido de la Revolución Democrática y diputada local Socorro Quezada llamó a los legisladores a congelar la propuesta, ya que, dijo, criminaliza una forma de expresión.

En tanto, Israel Sampedro, representante de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, sostuvo: Los destinatarios de esta reforma son campesinos, indígenas, amas de casa, estudiantes, porque se han incrementado las protestas en que los ciudadanos pintan consignas y el gobierno criminaliza estos actos.