Culiacán, Sin.

Starfin Unión de Crédito SA de CV, con oficinas en las ciudades de Culiacán, México y Tehuacán, Puebla, defraudó a por lo menos 171 socios en esta capital, a quienes dejó sin los recursos invertidos y en el desamparo, ante la falta de respuesta del gobierno federal.

Entre los afectados está Ernestina Rivera Sauceda, viuda y jubilada, quien luego de dedicarse muchos años a la venta de bienes inmuebles piensa que los cerca de un millón 200 mil pesos que invirtió están en los bolsillos de los dueños y administradores de esa empresa, antes conocida como Unión de Crédito de Distribuidores de Alimentos Balanceados SA de CV.

Es algo chueco y sucio; ahora que me pasó esto me siento desprotegida. He acudido al presidente (Enrique) Peña Nieto, al gobernador (Mario López Valdez), a muchas instituciones, y nadie responde. ¿De qué sirve que haya a quién acudir, si no nos defienden? Una no confía en el gobierno; al contrario, temo que no apliquen la ley y me perjudiquen, reprochó.

Entre los propietarios de Starfin Unión de Crédito SA de CV está Jorge Isaac Gastélum Miranda, hijo del socio mayoritario Jorge Isaac Gastélum Arámburo, quien fue extraditado de Alemania en 2005 por presunta defraudación fiscal, acusado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de omitir el pago del impuesto sobre la renta, por alrededor de 2 millones 706 mil pesos, del consorcio azucarero Escorpión, del que era uno de los directivos.

Fue extraditado a mediados de agosto de ese año, pero el 26 de ese mes, el juzgado segun- do de distrito, con sede en Puebla, lo dejó en libertad, debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) no acreditó las pruebas en su contra.

Ahora, Starfin Unión de Crédito se encuentra intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que determinó la revocación del permiso a la empresa y la suspensión de labores, ante supuestas irregularidades en sus operaciones financieras.

Sin embargo, en Culiacán las oficinas de esta firma siguen abiertas y en operaciones, informó José María Astorga, quien dijo ser el gerente de la sucursal, ubicada en la confluencia del bulevar Insurgentes y la avenida Lázaro Cárdenas, en el sector Centro Sinaloa. Estamos funcionando normalmente, tanto aquí como en la ciudad de México y en Tehuacán, apuntó.

Ante los recursos interpuestos por Rivera Saucedo para reclamar su dinero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se declaró incompetente. En un oficio fechado el 19 de septiembre de 2014 argumentó que es asunto de la CNBV y no de su competencia.

El 24 de marzo de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, 1a SHCP informó sobre la revocación de la autorización para que Starfin continuara operando como unión de crédito, luego de que la Junta de Gobierno de la CNBV lo resolvió así el 29 de noviembre de 2013, por diversas irregularidades.

Durante marzo de 2012 y enero y mayo de 2013, agregó la Secretaría de Hacienda, se hicieron observaciones sobre actos irregulares de la firma financiera, que no fueron atendidos adecuadamente.

Por ejemplo, en los estados financieros publicados por Starfin el 30 de julio de 2013 se observó un capital contable negativo por $4,275,485 (cuatro millones 275 mil 485 pesos), por lo que se desprende que la unión de crédito no cumplió con las proporciones previstas en el artículo 18 de la Ley de Uniones de Crédito (Luc) ni el plazo señalado por la CNBV, que venció el 17 de junio de 2013, por lo que se determinó que se ubica en la causal de revocación prevista en la fracción 97 de la LUC.

La Secretaría de Hacienda federal detalló que otras observaciones a Starfin Unión de Crédito fue la no acreditación de la propiedad legal del inmueble ubicado en Culiacán, por un importe de 4 millones de pesos, pues no presentó la escritura que lo sustente.

En el terreno fiscal, la unión de crédito aseguró contar con un saldo de 11 millones 201 mil pesos por impuestos a la utilidad diferidos (a favor) al 31 de agosto de 2012, pero al observar el comportamiento negativo de los resultados operativos obtenidos durante los últimos 10 años, éstos no aportan elementos suficientes que demuestren posibilidades reales de materialización de los impuestos diferidos.

Starfin Unión de Crédito reportó a la CNBV que las aportaciones de sus socios ascendían a 17 millones 905 mil pesos y que incrementó su capital con la adjudicación y venta de un inmueble en Culiacán y la recuperación de cartera vencida de su socio Agroindustrial Colotepec, recibiendo en pago un inmueble ubicado en Toluca, estado de México, con valor superior a 6 millones de pesos.

No obstante, la CNBV puntualizó que la sociedad financiera no presentó las pólizas contables que respalden los movimientos en los estados financieros, así como la documentación comprobatoria de la entrada de los recursos aportados por cada socio. Esto significa, subrayó, que no hubo una condición de liquidez, y los saldos mensuales de enero a agosto de 2012 pasaron de un millón 468 mil a 5 millones 23 mil pesos, con base en las cuentas bancarias.

En el documento, la CNBV advierte que Starfin Unión de Crédito no aportó pruebas para desactivar la revocación del permiso y pide a la financiera el nombramiento de un liquidador, para lo cual otorga un plazo de 60 días.

Rivera Saucedo se siente desprotegida. Su vida ha sido difícil. A pesar de la muerte de su esposo, hace 40 años, entre otras adversidades, refiere que sacó adelante a sus tres hijas. Con su trabajo y algunos ahorros, juntó algo de dinero y fue convencida para invertir en Starfin, por personas en las que ella confió y que ahora ni dan la cara.

Fue alrededor de un millón 200 mil pesos lo que invirtió para convertirse en socia. Su hermano José Enrique lo hizo con 6 millones de pesos. Ahora, ella responsabiliza a Jorge Isaac Gastelum Miranda de cualquier situación adversa a mi familia, patrimonio y mi persona.

Jauja por 18 años

Explicó que a los socios les daban intereses de 12 por ciento anual y a ella bimestralmente le entregaban más de 20 mil pesos. Así sucedió durante cerca de 18 años, hasta que el dinero empezó a escasear en la unión de crédito y comenzaron a darle largas, le negaban información o se la ocultaban.

En marzo de 2014 fui por mis intereses y me dijeron que no podían entregarme nada y ahí empezó mi calvario. No tengo mucha comida, pero sí frijoles y queso, y mientras tenga vida voy a seguir luchando, manifestó Ernestina.

Esto es un error del gobierno, de la comisión bancaria por otorgar permisos sin importar la calidad moral de quienes operan y dirigen estas uniones de crédito, acusó. Ahora, Ernestina Rivera ha iniciado demandas penales y mercantiles para recuperar su dinero.