Ante la sospecha de que varios familiares y amigos del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, presos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, podrían ser rescatados y considerando que dichos indiciados no pueden considerarse como delincuentes comunes, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que fueran recluidos en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, también conocido como La Palma, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

Asimismo, a pesar de que la PGR solicitó la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita contra nueve personas, a la hora de consignar a los inculpados sólo les imputó delitos de carácter financiero que alcanzan penas de cinco a 15 años de cárcel, revela el auto de formal prisión dictado contra ex colaboradores y familiares de Aguirre Rivero, documento del cual posee copia La Jornada.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) ejercitó acción penal contra Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del ex mandatario guerrerense; Víctor Ignacio Hughes Acosta, Víctor Felipe Hughes Acosta, Paulo Ignacio Hughes Acosta, Alejandro Carlos Hughes Acosta, Henry Paul Hughes Alcocer, Mauricio Francisco Hughes Acosta y Jorge Eduardo Hughes Acosta.

En la resolución que emitió el juez al dictarles auto de formal prisión, el pasado 16 de febrero, se menciona que el oficio mediante el cual la PGR solicitó las órdenes de captura hizo alusión a que el ejercicio de la acción penal contra los indiciados es por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, del pliego de consignación correspondiente se advierte que únicamente es en relación al ilícito mencionado en segundo término.

En la resolución –que consta de 82 páginas– firmada por el juez Julio César Gutiérrez Guadarrama, titular del juzgado quinto de distrito en materia penal con sede en Toluca, estado de México, se menciona que “en relación al aspecto relacionado con la seguridad de las prisiones: (...) [los inculpados] en conjunto se dedican a la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado de Guerrero, advirtiéndose que mediante el sistema financiero, han distraído recursos de la Federación destinados al bienestar social de dicha entidad de donde resulta que por razón de influencia y presencia de sus características personales, ninguno de los centros de readaptación social ahí establecidos, resulta adecuado para continuarse con el proceso de principio a fin.

“(...) En pleno uso de sus conocimientos técnicos, financieros y administrativos, así como su experiencia en el manejo de las finanzas públicas y en el área de seguridad pública (…) no pueden clasificarse como delincuentes comunes”.

El argumento para enviarlos al penal de máxima seguridad fue que “internados en algún otro centro de readaptación social, su estancia allí sería aprovechada por gente que pueden corromper para tratar de rescatarlos (…) con la suma de fuerzas podrían organizar y continuar con sus actividades u otras de la misma índole, desde el interior de ese centro de reclusión.

Es preciso resaltar que los indiciados se caracterizan por poseer grandes cantidades de dinero, por lo que si en un momento dado el asunto se ventilara en el estado de Guerrero, probablemente sus propios compañeros planearían un rescate, señala el documento.