Los cambios planteados a la Ley General de Transparencia, que actualmente se discuten en el Senado, merman los alcances de la reforma constitucional en la materia y soslayan los avances emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las cortes internacionales, aseguran diversas organizaciones.

En un pronunciamiento, más de 300 organizaciones nacionales y extranjeras vinculadas a los temas de transparencia, derechos humanos y medio ambiente, entre otros, expresan su preocupación en ocho puntos de dicha ley, entre los que destacan la aplicación de sanciones a los funcionarios de los organismos garantes cuando revelan información que pudiera dañar a los sujetos obligados, y que se limite el acceso a la información sobre violaciones graves a las garantías individuales y otros delitos de lesa humanidad.

Javier Rascado Pérez, presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), organismo que agrupa a los institutos de acceso a la información de todas las entidades, advirtió que una legislación secundaria regresiva afectaría también la actuación y las decisiones de los órganos garantes en los estados y el Distrito Federal.

Incluso, dijo, de concretarse habrá una legislación que no respetará el espíritu de la reforma constitucional de máxima publicidad; se podría generar una inconstitucionalidad sobrevenida, es decir, que algunas de las normas estatales, que son de avanzada, pasarían a ser inconstitucionales de facto, pues no estarían atendiendo el orden jerárquico de las leyes.

En conferencia de prensa convocada en las instalaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), el presidente y cuatro de los vicepresidentes de la Comaip fijaron su postura sobre lo que actualmente se discute en el Senado y las versiones que se han divulgado sobre eventuales retrocesos.

El pronunciamiento de las organizaciones está encabezado por el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate, Fundar y el mismo Ifai, y solicita al Senado la aprobación de una ley que mantenga los contenidos originalmente planteados en la iniciativa presentada el pasado 2 de diciembre, así como descartar cualquier posibilidad de sanción de los funcionarios públicos de los órganos garantes y causal de reserva de información que afecte la amplia y progresiva protección del derecho de acceso a la información.

Aunque señala que el Congreso incumplió con su obligación de aprobar dicha ley antes del 7 de febrero –fecha en que venció el mandato constitucional–, el pronunciamiento, suscrito también por 163 personalidades de la academia, la ciencia, la cultura, las artes y la defensa de los derechos humanos, advierte que la preocupación se centra en ocho puntos.

De entre los puntos cuestionados destacan las reservas de información por causal de estabilidad económica y de seguridad nacional; la intervención ampliada del consejero jurídico de la Presidencia contraviene el principio de inatacabilidad de las resoluciones del Ifai; el cierre del sector energético a la transparencia, y que se elimine la obligación de hecer público el listado de personas que han recibido cancelaciones y condonaciones en materia tributaria.