cupados como se encuentran en recoger los muertos que va dejando la violencia en el país, llorarlos y exigir que se castigue a los responsables de que perdieran la vida, muchos mexicanos no parecen darse cuenta de que el despojo contra el país por parte de las empresas privadas, con la complicidad del gobierno, avanza a pasos agigantados. Ejemplos de ello hay por todo el territorio mexicano. El 21 de febrero los habitantes de San Miguel Papaxtla, municipio de San Jerónimo Tecuanipan, estado de Puebla, denunciaron la presencia de elementos policiacos y militares en la entrada de su comunidad, resguardando la maquinaria para la construcción del Gasoducto Morelos, al que ellos se oponen. Dos días después la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) denunció que en la segunda quincena de ese mes, trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la empresa PIM Transoceánica están incursionando en tierras de sus comunidades con propósitos similares.

La ocupación de las tierras campesinas y territorios indígenas por las empresas privadas no es nueva, se ha dado en varias partes del país donde se han echado a andar proyectos mineros, acueductos, gasoductos, eólicos o se construyen presas hidroeléctricas; lo novedoso es que abiertamente se eche mano de las policías y el Ejército para lograr sus propósitos. Aunque parece que ese es el último eslabón de su estrategia, pues lo usan cuando prevén que la oposición a sus pretensiones será fuerte y no habrá posibilidades de que sus planes de ocupación, contenida en la Guía de Ocupación Superficial (https://www.google.com.mx/search?q=guia+de+ocupacion+superficial&rlz=1C1CAFA_enMX618MX618&oq=guia+de+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.4837j0j4&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8), elaborada y difundida por la Secretaría de Economía, funcionen, porque los afectados echarán mano de todos los recursos a su alcance para defender sus derechos.

Dentro de estos recursos están, según la mencionada guía, el apego de los campesinos a su tierra, la opinión pública y el derecho. Este último es importante, más que por sus efectos protectores, porque demuestra que cuando de defender los intereses del capital se trata, ni las empresas ni el Estado respetan sus reglas. Es el caso de las comunidades que han ganado amparos o juicios agrarios contra el despojo de su patrimonio: como las mayas de Campeche contra los permisos otorgados por Sagarpa para la siembra de soya transgénica, o las de comunidades rarámuris de Chihuahua contra la imposición de proyectos turísticos; o la tribu yaqui contra el Acueducto Independencia, que busca despojarlos de su agua. En estos casos y otros donde la justicia federal ha reconocido el derecho de los pueblos, la ejecución de las sentencias ha sido imposible, por la falta de voluntad de las autoridades responsables de hacerlo y los cabildeos de las empresas para que sus intereses prevalezcan sobre el derecho reconocido.

Otra vertiente de la estrategia gubernamental para despojar a los pueblos es convertir los derechos de éstos en facultad estatal y de esa manera decidir cómo y de qué manera se ejercitan. Es el caso del derecho de consulta, donde el Estado se ha arrogado el poder para formular protocolos a modo para el ejercicio de este derecho, pero ni así se respetan. O al menos es lo que denuncian los zapotecos del istmo, donde la empresa Eólica del Sur –antes Mareña Renovables– pretende construir un parque eólico, o el pueblo indígena cucapá, un pueblo de pescadores donde el gobierno le condiciona la entrega de las artes de pesca a que acepten una consulta, ignorando que en el año 2006 ya los habían consultado y de los resultados de entonces nadie se hace cargo, no obstante que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) los hizo públicos (http://www.cdi.gob.mx/dmdocuments/consulta_zona_costera_golfo_california.pdf) desde hace cinco años. Eso prueba que el gobierno busca consultar para imponer sus derechos mientras los pueblos quieren la consulta para defender sus derechos.

En fin, con las recientes denuncias formuladas por comunidades de los estados de Puebla y Oaxaca, de que en la ocupación de sus tierras están participando elementos policiacos y militares, al parecer el gobierno busca apretar la presión sobre los pueblos que se resisten a ser despojados impunemente. Un resultado probable de esta estrategia es que los pueblos también redoblen su lucha en defensa de su patrimonio. Si esto sucede probablemente haya más muertos, perseguidos y personas privadas de su libertad, aumentando el desprestigio y la ilegitimidad de los gobiernos y sus políticos. Un precio que no se sabe todavía si están dispuestos a pagar, sobre todo en temporada de elecciones, cuando más apoyo necesitan para mantenerse en el poder.