El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, se reunió ayer con la comisión especial de la Cámara de Diputados que estudia el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco meses.

En la reunión, a la que acudieron el presidente de dicha comisión legislativa, José Guillermo Anaya, además de los diputados Ricardo Mejía, Lizbeth Rosas y Ruth Zavaleta, el ombudsman nacional dio un panorama de la situación de las investigaciones de la CNDH sobre el caso Iguala, indicó el organismo a través de un comunicado.

De igual forma, González Pérez se refirió a la participación que tuvo en Ginebra, en su calidad de titular de un organismo autónomo, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, entidad que los pasados 2 y 3 de febrero analizó por vez primera el nivel de cumplimiento de México de sus obligaciones internacionales contra dicho crimen.

Tanto el ombudsman como los diputados intercambiaron puntos de vista sobre la situación imperante en Iguala y la CNDH respondió dudas e inquietudes de los diputados, agregó el comunicado.

González Pérez garantizó a los legisladores que su actuación ha sido y seguirá siendo independiente y objetiva para determinar qué servidores públicos violaron derechos humanos.

La tarea es compleja, pero estamos abocados a recuperar la credibilidad y la confianza de la sociedad en esta Comisión Nacional, enfatizó González Pérez.

El presidente de la CNDH estuvo acompañado por José Larrieta, jefe de la Oficina Especial para el Caso Iguala; el primer visitador general, Ismael Eslava, y el secretario técnico de la institución, Joaquín Narro.

La CNDH, ya dirigida por Luis Raúl González Pérez, ha señalado que la agresión contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa es una violación grave a los derechos humanos, consistente en ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

El organismo indicó que el de Iguala no es un caso superado y no puede hablarse de que se cierre el expediente, en alusión a lo dicho por la Procuraduría General de la República de que ya hay elementos para concluir que los estudiantes fueron asesinados y quemados.