La detención arbitraria y el uso de la tortura para fabricar culpables sigue siendo una práctica común de las fuerzas de seguridad en México, lo mismo que el encarcelamiento por tiempo indefinido para recabar pruebas contra los acusados, cuando no hay elementos suficientes para inculparlos, señaló Nancy López, coordinadora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Un ejemplo de ello es el caso de los hermanos Verónica e Iván Razo Casales, quienes llevan más de tres años en prisión, acusados de secuestro y asociación delictuosa, en un proceso que se sostiene únicamente por las declaraciones autoinculpatorias que agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación obtuvieron mediante tortura.

Como se informó en estas páginas (La Jornada, 22/02/15), los hermanos Razo fueron detenidos el 8 de junio de 2011 por elementos de la citada agrupación e incomunicados por más de 24 horas, durante las cuales fueron torturados en espacios contiguos para obligarlos a escuchar cómo maltrataban al otro, hasta obligarlos a autoinculparse como miembros de un grupo de secuestradores.

Pese a que la misma Procuraduría General de la República documentó en junio de 2013 que ambos habían sido torturados y que los policías que los aprehendieron nunca ratificaron sus acusaciones –además de que asentaron hechos inexactos o falsos en su informe–, los dos están en prisión desde hace tres años y ocho meses –él en Veracruz y ella en Nayarit– sin tener sentencia definitiva.

Cuando hay casos donde no hay prueba plena de la comisión de delitos, lo que hacen muchas autoridades ministeriales es prolongar el periodo de instrucción. Si fuera evidente la responsabilidad de ellos, ya estarían sentenciados, pero como hay muy poco que los tenga vinculados a proceso, la autoridad los mantiene en la cárcel, lamentó.

El caso de Verónica es todavía más delicado, pues debido a la tortura y la agresión sexual que padeció, hoy sufre problemas cardiacos y depresión severa, para los cuales no ha recibido atención médica adecuada en el penal de Tepic.

Por todo lo anterior, la CMDPDH solicitó el pasado 9 de febrero un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, herramienta jurídica que permite a un inculpado solicitar su liberación antes de que se dicte sentencia, cuando las pruebas que lo llevaron a la cárcel ya no existen o quedaron desacreditadas.

“Sin duda este caso es un ejemplo de cómo se detiene arbitrariamente a personas para ‘fabricarlas’ como culpables, y me llama mucho la atención cómo las mantienen en reclusión, aun sin tener pruebas por esta política de combatir el secuestro”, indicó López.