El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) instruyó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dar a conocer las versiones públicas de los contratos, testimonio notarial, anexos, calendarización de avance de obras y pagos, así como el dictamen de excepción de licitación pública para que fuera posible la adjudicación directa de la remodelación del hangar presidencial a la empresa Concretos y Obras Civil, filial del Grupo Higa.

Además, señalaron que esta información se hace indispensable debido a que existen varias versiones sobre el costo de la obra. Así, mientras un documento de la Cámara de Diputados cita que el costo total será de cien millones de pesos, el aeropuerto capitalino informa que será de 685 millones, mientras el contrato asignado a la empresa señala poco más de 945 millones de pesos.

Esto sin contar con las suspicacias por la adjudicación directa a una empresa filial del Grupo Higa, consorcio ligado al presidente Enrique Peña Nieto, desde su gobierno en el estado de México, además de haber construido la llamada Casa Blanca de Angélica Rivera de Peña.

En una resolución aprobada por unanimidad en el Ifai, la comisionada ponente Areli Cano señaló que el AICM reservó indebidamente toda la información solicitada por un particular, con el argumentando una situación de seguridad nacional. Dijo que esta premisa debe aplicarse de manera excepcional a fin de evitar el uso discrecional del concepto al momento de clasificar alguna información.

Mencionó que el aeropuerto capitalino, sin ningún rigor, reservó la información solicitada con este argumento.

Sin embargo, el Ifai pidió al AICM emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada, donde se confirme la clasificación de la información relativa a los planos del proyecto, la memoria técnico-descriptiva, así como el dictamen de excepción a la licitación pública, que sí se ubican dentro de la premisa de seguridad nacional.

Aun así, la comisionada Cano pidió reflexionar sobre este caso y entender que para preservar información no basta que en un documento se indique que se trata de un tema de seguridad nacional, sino que se debe demostrar que su divulgación puede generar efectivamente un daño presente o probable. Esto ayudará a evitar ciertos niveles de discrecionalidad, dijo.

Los comisionados Óscar Guerra y Joel Salas señalaron que este es un ejemplo de la necesidad de que la ley de transparencia que se discute en el Senado precise el concepto y alcances de seguridad nacional.