ara un país que, como Rusia, estaba acostumbrado a la estabilidad en materia de empleo –resultado de la lluvia de petrodólares que cayó sobre el Kremlin durante los años de elevados precios de los hidrocarburos, principal fuente de ingresos del presupuesto federal–, no deja de ser traumático enterarse que, desde que comenzó 2015, cada semana no menos de 20 mil rusos se quedan en la calle.

El Ministerio del Trabajo de Rusia, que dio a conocer el dato esta semana, reveló también que el número de desempleados con registro oficial se aproxima ya al millón de personas. A menos que se produzca pronto una brusca subida del precio del crudo, las autoridades pronostican un severo incremento de la pérdida de puestos de trabajo, aunque se muestran optimistas de que el número de desempleados no supere 2 millones 400 mil rusos, misma cantidad que llegó a causar la crisis de 2009 con, ciertamente, una población económicamente activa más numerosa.

A esta cifra estimada de desempleados, que representarán cerca de 7 por ciento de la fuerza laboral, deberán sumarse cerca de 3 millones más de personas, que tendrán que trabajar a tiempo parcial, según la federación de sindicatos independientes de Rusia.

En términos comparativos con otros países podría parecer un problema no tan grave, pero aquí preocupa debido a que el mercado ruso del trabajo, en opinión de expertos como Tatiana Maleva, tiene el rasgo distintivo de que en tiempos de crisis el desempleo crece con lentitud.

Esta paradoja se debe a que en este país por lo menos la mitad de los patrones en lugar de aumentar los despidos para mantener los salarios de quienes se libran de quedar en la calle dan preferencia a conservar los puestos de trabajo a costa de recortar el salario de todos.

Sucede así no porque esos patrones sean diferentes a los capitalistas de otros países y tengan, como herencia de la época soviética, un marcado sentido de la justicia social que les obligue a sacrificar sus ganancias para no dejar a las familias sin sustento.

En realidad con ello más bien quieren evitar un estallido social, ya que las empresas del sector público en Rusia –más de 70 mil y no sólo los grandes consorcios petroleros de todos conocidos– aportan más de 50 por ciento del producto interno bruto.

Por esta razón los adversarios del Kremlin califican la economía rusa de capitalismo monopolista de Estado. El desempleo, que por ahora afecta sobre todo a las grandes ciudades y se extiende hacia las zonas industriales, puede generar una amplia base de descontento social que se traduzca en votos de castigo si la situación no se revierte en el corto plazo.

Pero faltan todavía tres años para las siguientes elecciones presidenciales en Rusia y el presidente Vladimir Putin está convencido de que el petróleo volverá a tener precios desorbitados a lo sumo en dos años. Mientras, de acuerdo con los sondeos más recientes, su índice de popularidad es más alto que nunca y llega a 86 por ciento de encuestados.