El gobierno de México sigue tratando de negar la realidad evidente de que el país vive una grave crisis de derechos humanos desde hace años, cuando lo que debería hacer es reconocer esta situación para intentar resolverla, señaló el director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México, Perseo Quiroz Rendón.

Durante la presentación del informe anual de AI 2014-2015, el activista lamentó que las autoridades mexicanas persistan en su actitud de descalificar los señalamientos críticos sobre la falta de respeto a las garantías básicas en el país.

El gobierno trata de negar una realidad evidente. El gobierno mexicano tendría que reconocer la problemática en la que estamos metidos para poder avanzar, pero mientras se niegue sistemáticamente la crisis de derechos humanos, no saldremos de ella, enfatizó.

Al detallar algunos de los temas de preocupación para AI en México, Quiroz indicó que en el rubro de desaparición forzada las cifras oficiales indican que hay 22 mil 611 casos, de los cuales 12 mil 821 ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón y 9 mil 790 en la actual administración, que apenas está entrando en su tercer año.

En lo que se refiere a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el director de AI México subrayó que aunque el número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajó en 2013, en los hechos tuvo un aumento de 600 por ciento desde 2003.

Respecto de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, dijo que en los primeros nueve meses de 2014 el mecanismo de protección a ambos gremios había recibido 72 solicitudes, pero la mayoría de ellas no derivan en un proceso efectivo de cuidado a los amenazados.

De igual manera, el informe de AI documentó que los migrantes y refugiados siguen padeciendo violencia de todo tipo; los pueblos indígenas no son consultados antes de levantar megaproyectos en sus territorios y cada vez más se limita la libertad de expresión y manifestación con leyes que criminalizan ambos derechos.

A propósito de temas de seguridad, Quiroz puntualizó que la llamada cifra negra en las estadísticas oficiales es de más de 93 por ciento, lo cual quiere decir que sólo 7 por ciento de los delitos –incluidos los más graves, como secuestro y homicidio– se denuncian.

Por todo lo anterior, podemos claramente dudar de lo que dijo el secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong), de que México estaba en uno de sus mejores momentos de seguridad. Ha habido algunas disminuciones en algunos aspectos (del delito), pero sigue existiendo una grave crisis de derechos humanos, recalcó.

Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación del secretariado internacional de AI, lamentó que en varios países del continente americano se han fortalecido las organizaciones criminales ante la incapacidad o falta de voluntad para frenarlas de las autoridades, lo cual hace más complejo un panorama en el que ocurren con frecuencia graves violaciones de derechos humanos.

Jorge Israel Hernández, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó por su parte que la impunidad ha convertido a México en un santuario de abusos graves a las garantías básicas, donde las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes dan lugar a un coctel de terror que ha normalizado tanto el gobierno como la ciudadanía.

Blanche Petrich, reportera de asuntos especiales de este diario, se preguntó si el gobierno mexicano responderá con propuestas de diálogo y distensión a la crisis de derechos humanos y lamentó que las autoridades no busquen verdad y justicia, sino cuando mucho los huesos de las víctimas para enterrarlos.