Durante el primer bimestre de 2015 unas 20 mil pequeñas empresas y negocios formales del país, equivalentes a 10 por ciento del total, quebraron o bien optaron por trabajar en la informalidad por carecer de capacidad económica para cumplir con el nuevo régimen de incorporación fiscal (RIF), en vigor desde el año pasado con la reforma fiscal, denunciaron dirigentes de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Economía Social (Condes).

Ese 10 por ciento es al menos la proporción de negocios afectados que registran entre sus agremiados todas las organizaciones del movimiento, e incluso se repite en cámaras y confederaciones empresariales más grandes, así que aplicándola a nivel nacional da ese total de 20 mil empresas, aseveró Alejandro Salcedo, presidente de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas (Alampyme), que forma parte de la Condes.

El ex legislador Pedro Salcedo, fundador de Alampyme, puso en duda que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haya recaudado más de 3 mil millones de pesos con el RIF, toda vez que a los que se incorporan se les ofrece tasa cero durante el primer año. Calificó de un mejoral para un cáncer el punto de acuerdo alcanzado la semana pasada en la Cámara de Diputados para que el SAT prorrogue la presentación de las declaraciones fiscales de quienes hasta 2013 se regían con el régimen de pequeños contribuyentes (Repecos).

Hasta ahora el SAT no ha enviado requerimientos a los millones de contribuyentes que, en los hechos, se encuentran en situación de ilegalidad fiscal porque el plazo para hacer declaraciones venció el 31 de enero, pero sí continúa remitiéndoles invitaciones para que se registren en el RIF, dijo Edgar Álvarez, quien preside el Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México.

Los comerciantes o empresarios en situación en ilegalidad suman por lo menos 2.7 millones de personas, según cifras del SAT, o entre 12 o 18 millones de mexicanos, de acuerdo con los cálculos hechos por las cámaras de Diputados y Senadores, respectivamente, porque no se tienen cifras concretas, indicó Carmen Ojesto, senadora suplente de Layda Sansores, quien estuvo presente en la conferencia de la Condes. Según las autoridades, 1.5 millones de contribuyentes ya se incorporaron al RIF, pero se calculaba que había 9 millones como Repecos.

Edgar Álvarez aseguró que incluso Patricia Delgado, administradora central del RIF, les dijo en la última reunión que tuvieron con ella, cuando se vencía el plazo, que no los iban a molestar con requerimientos. Sin embargo, la Condes exige que tal ofrecimiento sea oficializado por escrito, mediante una acción afirmativa, donde se detallen las condiciones y plazos de tal prórroga.

A la Cámara de Diputados la Condes demandó que discuta en este periodo de sesiones las ocho iniciativas para restituir el régimen de pequeños contribuyentes.

Les damos un máximo de dos semanas. Ese es el plazo fatal, puntualizó Álvarez, e indicó que seguirán llevando a cabo movilizaciones para lograrlo.

Además, ratificaron que llevarán a cabo una campaña de voto de castigo contra aquellos legisladores que votaron a favor de la reforma fiscal y ahora pretenden ser elegidos en otro puesto de elección popular.