Zacatecas, Zac.

La minera canadiense Excellon Resources, con sede en Toronto, Canadá, ha intentado evadir su responsabilidad civil, ambiental y laboral con las comunidades rurales vecinas al yacimiento La Platosa, en Durango, tras violar un contrato de arrendamiento y las condiciones de trabajo, con el apoyo de diplomáticos canadienses, dio a conocer la organización Alerta Minera Canadá.

En un informe basado en documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá y respaldado por las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers, denunció la violación de normas laborales y ambientales en Durango, en un análisis de 250 páginas elaborado a partir de lo ocurrido en La Platosa desde mediados de 2012.

Información del gobierno canadiense revela respaldo de la embajada de Canadá a los abusos de la minera en México. Por ejemplo, entre julio y noviembre de 2012 se intensificaron el conflicto y la represión contra habitantes de las localidades Bermejillo, Tlahualillo (La Sierrita) y Mapimí, Durango.

Según el informe, miembros del ejido La Sierrita y trabajadores de la sección 309 del sindicato minero en La Platosa realizaron una protesta pacífica durante varios meses, luego de anteponer dos quejas formales en Canadá por supuestas violaciones graves a los derechos humanos y a las normas ambientales, sin resultado.

Ahora se sabe que a pesar de saber de estas quejas y de que Excellon se negó a dialogar, “la embajada de Canadá compartió con la empresa información recabada entre ejidatarios y sus abogados sin consentimiento de ellos, mientras la ayudaba a crear relaciones con las altas esferas, lo que llevó a la represión de la protesta.

Los documentos internos que se examinaron no muestran evidencia alguna de que Canadá fomentara en las empresas un comportamiento responsable y respetuoso de los estándares internacionales, como suele afirmar que es su política, sostiene el informe.

El apoyo unilateral de la embajada de Canadá a Excellon es un claro ejemplo de la promoción de los intereses de las empresas que realiza el gobierno canadiense a costa de los trabajadores y de las comunidades, denunció Ken Neumann, director nacional de United Steelworkers en Canadá.

Lo más grave, destaca, es que un delegado comercial estuvo al tanto de una reunión entre la policía, el Ejército y otras autoridades del gobierno mexicano para planear el desalojo de la protesta –resultado del cabildeo de la embajada y de la empresa– y una noche antes expresó sus buenos deseos a la compañía.

La indiferencia que la embajada parece demostrar hacia la seguridad de los manifestantes en un país donde demasiadas veces se asesina a defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes comunitarios es horrorosa, concluyen Alerta Minera Canadá y el United Steelworkers.

Retienen manantial pese a que su líder fue desconocido

Prevén violencia en comunidades

Juan Carlos Flores Corresponsal

Zacualpan, Col.

Cuarenta presuntos priístas bloquearon el paso a la comunidad de Zacualpan para impedir a una comitiva internacional de derechos humanos observar las condiciones en que se encuentra la comunidad nahua, confrontada desde la llegada del consorcio minero internacional Gabfer SA de CV, que busca explotar oro y plata a cielo abierto.

El grupo también planeaba inspeccionar el balneario Ojo de Agua, ocupado desde el 28 de diciembre pasado por el grupo de Carlos Guzmán Teodoro, ex presidente de bienes comunales, destituido por la mayoría de los habitantes de la comunidad nahua, por apoyar la instalación de la mina, que, según los inconformes, contaminaría el manantial que abastece a la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, habitada por más de 300 mil personas.

Jennifer Moore, coordinadora del programa para América Latina de Alerta Minera Canadá, acusó a los comuneros de filiación priísta, vinculados a Guzmán, de impedir el trabajo de la misión nacional e internacional de observación sobre el caso Zacualpan y señaló que la patrulla 1401 de la policía estatal apoyó el bloqueo, pese a que constituye un delito.

Moore recordó que en noviembre de 2014 la comunidad indígena destituyó a Guzmán en una asamblea pacífica, notariada y reconocida por las autoridades. Por ende, su grupo ya perdió todos sus privilegios.

Pese a ello, retienen el manantial Ojo de Agua y con el bloqueo ahora pretenden imponer su voluntad con apoyo de la policía estatal.

En un comunicado, Moore advirtió que la impunidad del grupo de Guzmán y la omisión de las autoridades podrían desencadenar mayor violencia.

Medios y actores sociales y políticos nacionales y extranjeros han advertido de manera insistente que no aplicar la ley podría derivar en más violencia, con graves consecuencias para la población indígena y para los gobiernos federal, estatal y municipal.

La comisión programó una agenda de cuatro días para visitar Zacualpan y entrevistarse con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Congreso del estado y del gobierno estatal. Sin embargo, el grupo de comuneros ha impedido estas actividades e incluso expulsó a cuatro reporteros que intentaron informar sobre el bloqueo a la entrada de la comunidad.

Los presuntos priístas insisten en amedrentar a la población. Por ello pedimos a las autoridades que se garantice la seguridad de la misión y de la comunidad de Zacualpan, demandó Alerta Minera Canadá.