El despido de dos reporteros del equipo de Carmen Aristegui por el supuesto “abuso de confianza” que implicó su cooperación con el proyecto MéxicoLeaks es una reacción “desproporcionada” de MVS, en el mejor de los casos, o una intervención del gobierno para deshacerse de un espacio periodístico incómodo, señalaron organizaciones civiles.

Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, indicó que este caso “vuelve a poner sobre la mesa el gravísimo problema de concentración de medios y falta de espacios donde puedan existir voces críticas”.

Para la investigadora, “el diferendo se ha llevado a extremos que francamente no corresponden a la realidad, porque si bien la empresa tiene el derecho a reclamar su marca, la campaña que ha hecho me parece excesiva”.

Tras afirmar que los lineamientos editoriales de la compañía son de un “control inadmisible”, Calleja indicó que la reacción de MVS no es comprensible y que con el cierre de un espacio como el de Aristegui “quien sale perdiendo es la sociedad y el debate público, sobre todo en momentos en que vemos una uniformidad informativa alarmante”

Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, consideró que el despido “es un atentado contra la libertad de expresión, porque si bien es cierto que MVS alega el uso indebido de su marca, también debería comprender que los periodistas buscan información en beneficio de la audiencia”.

La postura de la compañía, subrayó, “es excesiva” y hace pensar que sólo aprovechó la oportunidad para despedir a periodistas de una unidad que había realizado investigaciones importantes sobre temas como la red de prostitución encabezada por el ex líder priísta en el DF, o la llamada Casa Blanca.

La asociación criticó que con los lineamientos difundidos este viernes, que regirán la relación entre MVS y sus conductores de noticias, la empresa “pretende desdibujar la independencia editorial de los periodistas” que colaboren en sus emisiones informativas, “quienes no podrán realizar ninguna investigación sin pedir antes autorización”.