Movilización supera holgadamente el millón de asistentes
El gobierno, abierto al diálogo: secretario general de la Presidencia
Primera reacción oficial: cambiará relación con el Congreso y la sociedad
Lunes 16 de marzo de 2015, p. 19
Río de Janeiro.
Como suele ocurrir en ocasiones semejantes, hay discrepancias sobre el número de los manifestantes que ayer colmaron las calles en todas las capitales provinciales de Brasil, además de Brasilia, capital federal, y por lo menos otro centenar de ciudades. Los organizadores hablan de dos millones. La suma de los datos de las respectivas policías locales llega a un millón 700 mil. Para algunos medios, un millón 800 mil.
De todas formas, el número de manifestantes superó holgadamente la cifra del millón. Hasta el más optimista de los organizadores se sorprendió. Hasta el más pesimista en el gobierno se asustó con esa manifestación de insatisfacción generalizada.
La gran sorpresa fue Sao Paulo, principal bastión anti PT y nicho más importante de los que se oponen radicalmente al gobierno. Asesores de la presidenta decían temer que el número de manifestantes superara la marca de los cien mil y se acercara a lo esperado por los organizadores de la marcha: 200 mil. Institutos de sondeos de opinión calcularon que al menos 210 mil personas desfilaron por la avenida Paulista, corazón financiero no sólo de la ciudad, sino del país. Pero la policía militar, encargada de mantener el orden, aseguró que marcharon millón y medio de personas, y los grandes medios le hicieron eco. O sea: el número, en el imaginario colectivo, quedó así. Nadie, ni en sus más grandes delirios (o peores pesadillas), esperaba tanto.
Hasta que la marcha de Sao Paulo salió a la avenida, las mayores concentraciones habían sido en Brasilia y Belo Horizonte, con alrededor de 45 mil manifestantes. Río reunió entre 15 y 20 mil. Porto Alegre, ciudad que desde hace décadas tiene al PT como principal preponderante y donde Dilma Rousseff hizo su trayectoria política desde que salió de las mazmorras de la dictadura, reunió cien mil personas.
Hubo de todo en las calles. Grupos minoritarios, pero igualmente representativos, pedían la inmediata intervención militar. Otros, en número bastante más significativo, exigían que Dilma y el PT fueran expulsados. ¿Cómo?, no importa: puede ser mediante un juicio parlamentario, o la renuncia de la presidenta. Lo que importa es que se vaya, y pronto.
También había los que protestaban contra la corrupción, el tarifazo de algunos servicios (energía eléctrica, combustibles) y la inflación en general, además de denunciar el ajuste fiscal y la pérdida de algunos derechos laborales. Estos, en tono un tanto difuso, pero no por eso menos enfático, quizás hayan sido la dominante. Pero quedó claro que, al unísono, todos marcharon contra el gobierno que asumió el primero de enero.
El gobierno de Rousseff, como se dice en el lenguaje del boxeo, sintió el golpe, pero trató de asimilarlo. O sea, admite la señal clarísima de un cuadro adverso, pero asegura que tiene condiciones para mantenerse en pie y reaccionar a la altura.
Al caer la noche, Miguel Rossetto, secretario general de la Presidencia, y José Eduardo Cardozo, ministro de Justicia, ofrecieron una conferencia de prensa. Trataron de plasmar la imagen de que el gobierno tomó nota de las dimensiones de las marchas, aseguraron que el combate a la corrupción –uno de los motores de las palabras de orden– seguirá adelante y será perfeccionado.
Rossetto, hábil articulador, destacó que el gobierno está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, la oposición inclusive.
Se trata de un giro importante en la actitud mantenida por Dilma Rousseff desde que comenzó su segundo mandato presidencial, el primer día del año. Luego de cosechar seguidas e importantes derrotas en el Congreso, debidas principalmente a la deslealtad de los aliados, que la acusaban de no negociar antes las medidas enviadas para su aprobación parlamentaria, ahora parece dispuesta a un cambio de método tan reiteradamente pedido por su antecesor, Lula da Silva.
Es difícil prever cuáles serán las consecuencias, a corto plazo, de la gigantesca manifestación de ayer.
Una, en todo caso, ya es evidente: servirá de munición para los grandes conglomerados mediáticos, que se oponen de manera frontal al gobierno. Otra: el gobierno emitió ayer mismo señales de que podría cambiar de manera drástica no sólo su articulación política con el Congreso, sino también su manera de comunicarse con la sociedad y la opinión pública. En rigor, se podría decir que, más que cambiar, va a comenzar una nueva política de comunicación.
Por el lado de los partidos de oposición, Aecio Neves, el candidato neoliberal derrotado por Dilma en noviembre, tan pronto terminaron las marchas difundió por las redes sociales un corto pronunciamiento: no nos dispersemos
. No por coincidencia, ya empiezan a anunciar una nueva marcha para abril.
Las presiones sobre Rousseff ganaron peso y volumen, y ya no se limitan al Congreso y a las artimañas de los aliados. Llegó, y con fuerte peso, a las calles.
No le queda otra que reaccionar, con diálogo y, principalmente, con comunicación.
