Esta semana, la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados inicia, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la revisión de la cuenta pública 2013, del primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto; el presidente de esa instancia legislativa, José Luis Muñoz Soria (PRD), resaltó que a pesar de los resultados existe ‘‘una situación perversa’’ para que la corrupción prevalezca en México.

‘‘La auditoría no sanciona. Es una atribución de las contralorías o de la Procuraduría General de la República (PGR), pero ahí dejan que los desvíos no se castiguen’’, explicó.

En entrevista, el legislador consideró que ‘‘el caso más patético’’ de cómo se puede robar del presupuesto sin castigo es el de la Estela de Luz, erigida durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que costó mil 400 millones de pesos.

‘‘¿Quién está en la cárcel por un proyecto del que la Auditoría Superior informó que no tenía un costo superior a 452 millones? Dos funcionarios fueron sancionados porque supuestamente no tenían capacidad de firma, pero como el delito no es grave, están en la calle. ¿Quién se llevó cerca de 800 millones de pesos? ¡Quién sabe!’’

En la cadena de complicidades, explicó, contribuye la Cámara de Diputados, que ha dejado de dictaminar y aprobar o desechar seis cuentas públicas, de los sexenios del PAN, por los acuerdos con el PRI para aprobar las reformas de Peña Nieto.

–¿Cuáles son esas cuentas?

–Las correspondientes a 2003, 2004, 2005, 2006,2011 y 2012. No están dictaminadas por el pleno; aun cuando la Comisión de Vigilancia las envía a la de Presupuesto, ahí están congeladas.

‘‘Tienen razón los ciudadanos cuando cuestionan qué hacen los diputados, de qué sirve la ASF. En la entrega de resultados de la cuenta pública 2013 señalé que el gobierno ha pervertido las relaciones dolosamente, con toda intencionalidad, para no contar con un sistema de fiscalización efectiva.’’

Muñoz Soria anticipó que, a pesar de la reforma a la Constitución para constituir el sistema nacional anticorrupción, el gobierno federal y el Congreso no toman en serio a la Auditoría Superior, porque aun cuando se le otorgan atribuciones adicionales, la presión de los gobernadores frenó la revisión exhaustiva de los fondos federales.

‘‘Dejándola en ese nivel dará balas de salva’’, lamenta.

–¿Es una farsa?

–Yo digo que sí. Totalmente, y esa es la percepción de la gente –consideró.

Refirió que del presupuesto de 4.7 billones de pesos para este año, el gasto federalizado –es decir, las transferencias a estados y municipios– es de casi 2.5 billones, y si bien se permite la revisión de las participaciones, los gobernadores ‘‘no dejaron pasar el sistema nacional de fiscalización y, aunque se introdujeron algunos mecanismos, va a seguir siendo lo mismo’’.

En la discusión de la reforma, que ahora está a revisión en el Senado, dijo, no se admitió acelerar la revisión de la cuenta pública. ‘‘En el Partido de la Revolución Democrática insistimos en que no tiene sentido contar con el resultado de las auditorías año y medio después, sino que la cuenta pública 2017 se hiciera en tiempo real.

‘‘Esto es, aun cuando la cuenta se cerrara en abril, no esperar a que se defina el presupuesto, para que los resultados sirvan para definir el gasto del siguiente año. Sí podrá hacer auditorías, pero no cambia nada, se tendrá que esperar al cierre de la cuenta. No sirvió de nada la reforma’’.

Esto porque, detalló finalmente, si hay irregularidades y el caso pasa a la Procuraduría General de la República, los juicios duran al menos cinco años y cuando al fin se resuelven terminan en sanciones a funcionarios o empresarios ‘‘de medio pelo’’.