Ante las reglas para la consulta de los documentos histórico-confidenciales, la directora del Archivo General de la Nación (AGN), María de las Mercedes de Vega Armijo, sugiere a investigadores y demás interesados en el tema buscar fuentes y vías alternas de información.

Ello porque los datos personales ahí contenidos deben estar tachados (testados) hasta por 70 años, a partir de la creación del documento en referencia.

Lo que usted va a recibir será una versión pública (del documento solicitado), en la cual se van a omitir los datos personales. (La restricción de 70 años) va a tono con la de otros países (...) Algunos investigadores sí han logrado reconstruir la historia con las fuentes de información que tenemos aquí. Han surgido investigaciones muy serias, sostuvo.

Los historiadores –agregó– tienen otras posibilidades y excepciones para tener acceso. Por ejemplo, si consiguen la autorización del titular de los datos personales o de sus descendientes en línea directa. También se puede justificar esta consulta cuando la investigación se considere relevante para el país.

Ante la denuncia de investigadores acerca de que esas medidas truncan y obstaculizan el trabajo, en especial de los historiadores contemporáneos y periodistas, admitió que no hay personal calificado suficiente para generar con rapidez o urgencia una versión pública.

La tarea es desafiante. En México no hemos atendido la formación profesional para los archivistas. La archivística mexicana debe renacer, advirtió.

Subrayó que el AGN, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (SG), no ha prohibido, restringido o modificado el acceso a los expedientes de la guerra sucia, sino que ha garantizado su consulta en los términos que estipula la ley.

El artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, publicada en 2012, regula el acceso a documentos históricos con información confidencial. Sólo se puede acceder a ellos de forma integral luego de 30 o 70 años del registro del material.

De lo contrario, únicamente es posible obtener vía Infomex una versión pública del mismo, es decir, un especialista determina qué datos serán temporalmente tachados o borrados.

La funcionaria indicó que la SG y el AGN se conducen bajo la premisa de que toda la información que resguarda es pública y, sólo por excepción, en los casos expresamente previstos en la legislación se podrá clasificar como histórica-confidencial.

“No ha habido ningún cambio en el proceso de consulta de los fondos de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, que son las que llamaron la atención.

Si revisamos todos los documentos normativos que se han expedido desde 2001, cuando el presidente Vicente Fox emite el acuerdo para la transferencia de esos fondos al AGN, en toda esa normatividad se habla de la obligación que tenemos de proteger los datos personales, aseveró.

En ese sentido, comentó, todos los documentos en posesión del AGN tienen que estar testados, en cuanto a datos personales.

De esta manera respondió a una nota publicada en este diario (11/III/15), en la cual se expone, acorde con entrevistas a investigadoras de archivos públicos, una crítica a la cancelación de acceso directo y total a los legajos de la guerra sucia.

Insistió en que es absoluto el acceso a la galería uno del AGN (donde se hallan los documentos de movimientos políticos y sociales del pasado); en lo que va del año se han registrado ahí 60 consultas, bajo los parámetros antes expuestos.