n el contexto de la presentación de su informe de actividades, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que la desaparición y asesinato de normalistas de Iguala, Guerrero, ocurridos hoy hace seis meses, marcan un antes y un después para México por la gravedad y trascendencia de estos hechos, e indicó que la situación de los derechos humanos en algunas partes del país atraviesa por una crisis que no corresponde a la envergadura de la reforma constitucional en la materia de junio de 2011, debido a la gran cantidad de abusos graves, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Los señalamientos del ombudsman constituyen el reconocimiento, por parte de un organismo público del Estado, del quebranto generalizado de la legalidad que tiene lugar en el país y del grado de vulnerabilidad e incumplimiento en que se encuentran, por ende, las garantías individuales. Dicho quebranto, por desgracia, no se limita a Guerrero ni al caso de las desaparición de normalistas en Iguala. Muestra de ello es que, de acuerdo con el propio informe de la CNDH presentado ayer, las entidades públicas más señaladas en las recomendaciones de ese organismo son el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Seguridad, el gobierno de Oaxaca, la Procuraduría General de la República, el Gobierno del Distrito Federal y el gobierno de Chiapas. Semejante listado pone en perspectiva una problemática generalizada, que atañe a todos los niveles de gobierno, en la que las autoridades exhiben una preocupante falta de interés en la observancia de los derechos humanos.

Tan alarmante como esta situación es la renuencia de los encargados de la conducción política del país a aceptar la gravedad y su empeño por actuar de espaldas a la realidad, como ha quedado de manifiesto ante los sucesivos rechazos gubernamentales a los señalamientos críticos formulados recientemente por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos de la misma organización.

Sería lamentable que la administración federal mostrara una actitud similar ante los planteamientos de la CNDH. Lejos de negar la dolorosa y exasperante realidad impuesta al conjunto de la población, es necesario emprender una gran reforma del Estado que permita restablecer la legalidad y la paz pública, combatir la impunidad y generar condiciones para la realización efectiva de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la libertad de tránsito y de expresión, entre otros. En caso contrario, se seguirá alimentando un fenómeno de descomposición institucional y social que socava los principios del Estado mismo y su razón de ser.