Pobladores de Cananea exigen castigo para Germán Larrea
Lunes 30 de marzo de 2015, p. 13
Integrantes de diversos grupos gremiales y pobladores de Cananea exigieron castigo al Grupo México y al empresario Germán Larrea por el derrame tóxico de en las aguas de los ríos Sonora y Bacanuchi, que ya tiene más de siete meses sin que se hayan cumplido los acuerdos e indemnizado plenamente a los afectados.
En el primer Foro Nacional Todos Unidos contra el Grupo México, realizado el pasado viernes a las afueras de la planta de rebombeo de aguas de Cananea, Sonora, trabajadores y pobladores denunciaron que la empresa no ha cumplido el compromiso de remediar los daños a las actividades agrícolas, pecuarias y de esparcimiento.
Además, pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que intervenga personalmente para comenzar negociaciones que destraben los conflictos con los pobladores de Sonora y los miembros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, a fin de que se les restituya su dignidad plena, su empleo y el contrato colectivo que rigió durante décadas las relaciones laborales entre esa compañía y sus obreros.
Esta postura fue apoyada por los asistentes al foro nacional, quienes expresaron que debe ponerse fin a la ilegalidad que hoy existe en este histórico centro de trabajo minero, símbolo máximo de la Revolución de 1910, ya que de su lucha en 1906 surgió el primer impulso para obtener la avanzada legislación del trabajo que tuvo México.
En el foro, que duró más de tres horas, los participantes deliberaron sobre los daños que Grupo México, de Germán Larrea, provocó por el derrame de desechos tóxicos en esos afluentes, en lo que constituye el peor desastre ecológico ocurrido en el país
.
En el acto –al que también asistieron diferentes organizaciones gremiales de Sonora, académicos e historiadores, lo mismo que representantes de los United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá– se exigieron indemnizaciones y pagos justos e inmediatos a las personas afectadas por los derrames de sustancias tóxicas, ya que no les han cubierto los daños.