yer, mientras un corte de energía eléctrica mantenía paralizada buena parte del territorio turco, incluidas Ankara y Estambul, dos hombres armados se introdujeron en el Palacio de Justicia, ubicado en la segunda de esas urbes, tomaron cautivo al fiscal Mehmet Selim Kiraz, quien estaba a cargo de investigar la muerte del menor Berkin Elvan –fallecido por el golpe de una granada de gas lacrimógeno en las manifestaciones de junio de 2013– y, después de varias horas de negociaciones con la policía, fueron abatidos dentro del recinto por comandos especiales. En la acción murió también Kiraz, a quien, según las autoridades, sus captores le dispararon en la cabeza.

Como elementos de contexto cabe recordar que Elvan pasó nueve meses en coma tras ser alcanzado, cuando se dirigía a comprar alimentos, por un proyectil lacrimógeno de las fuerzas antimotines, y su muerte, en marzo de 2014 –tenía 14 años– generó una ola de enérgicas protestas en Turquía; el entonces primer ministro, hoy presidente, Recep Tayyip Erdogan, sugirió que el adolescente estaba vinculado a grupos terroristas. La infundada imputación no sólo exacerbó el descontento, sino reforzó el escepticismo en torno a la voluntad de las instituciones para procurar e impartir justicia en el caso. Los atacantes del Palacio de Justicia, quienes se identificaron como integrantes del grupo armado Partido Revolucionario de Liberación Popular-Frente (DHKP/C), exigían para liberar al fiscal Kiraz una confesión en vivo de los policías sospechosos de matar a Elvan y que fueran sometidos a un tribunal popular.

El camino escogido por los agresores es sin duda una condenable expresión de barbarie, pero el episodio lleva a reflexionar sobre el creciente desencuentro entre los sistemas de justicia y la evolución de las sociedades. Hoy día los procesos judiciales polémicos están expuestos a una intensa atención mediática y social y a crecientes presiones políticas, y los errores o desviaciones de fiscales y jueces pueden dar lugar a reacciones de ira en la población. Significativamente, mientras los atacantes del Palacio de Justicia de Estambul negociaban con las autoridades, manifestantes espontáneos se reunieron pacíficamente frente al edificio en exigencia de justicia para Elvan.

El caldo de cultivo de la reprobable agresión fue, en suma, el clamor popular por la muerte del chico, así como la extendida sospecha de que sus asesinos habrían de quedar impunes, dada la bajísima credibilidad del aparato judicial turco.

En lo inmediato no parece probable que el descontento termine con las muertes del fiscal Kiraz y de sus atacantes, porque el gobierno de Ankara, en lugar de esclarecer las circunstancias del evento, optó por prohibir la difusión de información sobre el caso por motivos de seguridad nacional. Lejos de disiparse, los interrogantes se multiplican, y muchos en Turquía se preguntan ahora si el episodio pudo estar relacionado con el apagón generalizado, o cómo fue posible que atacantes armados ingresaran en un moderno edificio sin ser detectados, o si el funcionario judicial fue asesinado por sus captores o murió en un intercambio de disparos. Por lo que puede verse, el malestar seguirá creciendo.