os medios de comunicación casi al unísono han afianzado en el público la versión depredadora que causan los profesores afiliados a la sección 22 de la CNTE. Muestran, con inusitada fruición, impregnada de coraje, la incapacidad del gobierno oaxaqueño para obligarla a cumplir su cometido de impartir clases y no hacer marchas, plantones y disturbios. La resultante de sus protestas, aseguran, desamparan a miles de niños. Las exigencias de este conglomerado de educadores más bien se transforman, concluyen, en chantajes donde caen, año con año, distintos gobernantes. Los análisis de comentaristas apegados –ciertamente de manera voluntaria– a la versión oficial resaltan, basados en sendas encuestas comparativas de supuesto prestigio, la triste calidad de la enseñanza elemental en ese castigado estado. Rara, muy rara vez los responsables de tan violenta y reprobable conducta han podido expresar algunos de sus puntos de vista, justificantes de su proceder, o responder a las acusaciones que se les endilgan, con facilidad notable, por causar terribles congestionamientos de tráfico. En el polo opuesto de la drástica realidad nacional, jóvenes de clase doble A repiten sus visiones clasistas y alegrías sobre el porvenir que facilonamente les aguarda. Estos alumnos preparatorianos de un colegio privado capitalino hacen, en un video, alarde de sus pretendidamente refinados gustos machistas para juzgar a las mujeres.
Extendiendo la mirada van desfilando, ante celosos tribunales mediáticos, otras agrupaciones de maestros guerrerenses, chiapanecos o michoacanos, todos calificados, sin cuidado de por medio, como revoltosos e irresponsables. Todos ellos agrupados en secciones disidentes del SNTE. Además, la Ceteg de Guerrero lleva, vocean alarmados, una ruta de colisión hasta con las autoridades electorales. Su postura en contra de celebrar comicios es, por ahora, el punto neurálgico de la tensión estatal y que bien puede repercutir a escala nacional. Ya no se entienden sus reales intenciones, alegan con socarrón tono. Se les achaca una mezcolanza entre la solidaridad con la matanza de Iguala y la tozuda, cuan incomprensible, oposición a la reforma educativa recién aprobada. El deplorable nivel educativo que prevalece entre el alumnado guerrerense tendrá, se afirma, consecuencias irremplazables. Se llega a endilgarles una cruza endogámica con la guerrilla como causa eficiente de su beligerancia. Complicidad de la que acusan también a los alumnos de la normal de Ayotzinapa. Para muchos analistas enterados, del tipo que usan o deslizan datos de inteligencia, sería la justificante para los asesinatos, desapariciones y cremación de esos estudiantes de la normal.
Ninguno de esos personeros, tan celosos de su interesado deber, ha recalado, en sus comentarios y juicios flagrantes, en los datos reveladores de la cabalgante desigualdad, ésta sí estructural, que padece la educación primaria en esos mismos estados del sur. La risible inversión gubernamental, por cada alumno de primaria es un claro, evidente indicador para deducir y explicar el atraso que se arraiga, sin justificante alguno, en tales estados. Tanto en Oaxaca como en Chiapas y Guerrero la inversión anual por alumno apenas llega a 65 pesos. Esto es así cuando, la media de la República, sobrepasa 400 pesos anuales. En ciertos casos privilegiados (aunque todavía menores a la media internacional) dicha inversión llega a más de 600 pesos por alumno. Unas 10 veces por arriba de sus contrapartes sureñas. Las perversas condiciones en la infraestructura de los salones de clase se derivan, necesariamente, de tal condición. Enumerar las carencias de lo indispensable: agua corriente, baños, comedores, techos, pizarrones o sillas, siguen por necesidad. Por si esto no fuera suficiente motivo de penuria, el promedio de alumnos (30) por maestro es uno de los más altos de Latinoamérica. Difícil dar la atención en tan gravosas circunstancias.
Pero maestros y alumnos no son los únicos sujetos de olvido. Los jornaleros describen una realidad insoportable para cualquiera que abrigue una mínima dosis de compasión y justicia. La situación de explotación que padecen los jornaleros, la casi totalidad de ellos indígenas de distintas etnias, no puede ser tolerada por más tiempo. Las élites nacionales han sido por completo indiferentes a ello. El desprecio que en estos mismos días muestran las autoridades panistas de Baja California para con las demandas y protestas de los jornaleros de San Quintín, tiene que reprobarse con toda energía. La ausencia sistemática de las federales es un sello de funesta distinción. No es un problema local ni, tampoco, uno que afecte solamente a 70 mil corajudos jornaleros ahora en paro. Son bastante más que eso. Se cuentan, en verdad, por miles o tal vez millones esparcidos por toda la República y también, en el extranjero. Esta vez salieron a las calles con ánimos desesperados pero pacíficos y ordenados. Puede ser que, en el futuro, sus talentes no lo sean tanto.
