La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Secretaría de Gobernación solicitó a las autoridades laborales y de seguridad social emprender las acciones necesarias para proteger a los jornaleros agrícolas y sus familias en San Quintín, Baja California.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró necesario reconocer que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos de los trabajadores.

En territorio nacional operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la legislación, no dan prestaciones a sus empleados y abusan de éstos en complicidad con las dependencias federales y estatales.

El comisionado para el diálogo, Jaime Martínez Veloz, sostuvo que 17 mil trabajadores agrícolas en San Quintín no están afiliados al Seguro Social, lo cual constituye un delito y un fraude al instituto, que debe ser castigado severamente.

Recordó que las declaraciones de los agricultores de San Quintín y los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obligan a realizar una investigación inmediata para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones

Anteayer el Consejo de Agricultores de Baja California informó haber pactado con dueños de las fincas productoras de alimentos un incremento de 15 por ciento al salario nominal que beneficiaría a 45 mil jornaleros y sus familias.

Sin embargo, la subdelegación del IMSS en Ensenada anunció el 26 de marzo el número de afiliados al instituto entre los jornaleros: 28 mil.

“Según estas cifras –refirió Martínez Veloz–, habría cuando menos 17 mil jornaleros sin afiliación al Seguro Social, lo cual constituye un delito y un fraude al instituto que debe ser castigado severamente. La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México demandará que se realicen las acciones necesarias que permitan la aplicación irrestricta de la ley y se proteja la seguridad social de los jornaleros agrícolas y sus familias en San Quintín.”