n semanas recientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)se ha referido con cierta insistencia a los recortes al gasto previstos para 2016. Ayer la dependencia afirmó que la reducción al presupuesto de este año (124 mil millones de pesos al gasto programable) ha hecho posible reducir a la mitad la disminución establecida para el entrante (135 mil millones de pesos). Aunque enfatiza que la disminución de los ingresos presupuestarios para 2015 será de sólo 2.1 por ciento en relación con el periodo en curso y una disminución de 3.5 por ciento en el gasto, ante la mala situación económica por la que atraviesa el país se incrementa, en el ánimo social, el temor a un desarreglo mayor al sugerido por las previsiones oficiales.

Además del desempleo, la carestía, el crecimiento insuficiente y la devaluación de la moneda nacional, un factor que incide en el pesimismo es la opacidad en el manejo del dinero público. Es significativo en este aspecto que, escudándose en la desincorporación establecida por la reforma energética, PMI Comercio Internacional no haya hecho públicos hasta ahora los montos invertidos en la importación de combustibles, y que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) haya debido intervenir para ordenarle que divulgue los datos correspondientes.

La fragmentación de Pemex en diversas entidades de participación estatal mayoritaria, lejos de garantizar una administración eficiente y transparente, dificulta la vigilancia pública de la que sigue siendo, a pesar de todo, una de las principales fuentes de ingresos para el erario.

Las cifras de inversión, producción, exportación e importación de la industria petrolera son cruciales para determinar la composición de los ingresos del gobierno y, sin embargo, en este ámbito impera una confusión que pareciera deliberada. La opinión pública no tiene hasta ahora información clara y precisa sobre el porcentaje de la renta petrolera que perderá el Estado a consecuencia de la privatización introducida por la reforma energética, y en ese contexto resulta difícil ponderar el impacto real en las finanzas públicas de hechos como la pérdida de 220 mil barriles de la producción diaria a consecuencia de la explosión ocurrida el miércoles de la semana pasada en la plataforma marítima Abkatún A-Permanente, ubicada frente a la península de Yucatán.

Por otra parte, aunque los recortes son presentados en forma desglosada y clara a nivel general, hay un vacío de información sobre el significado de tales recortes en dependencias y oficinas específicas, y ello se presta a manejos discrecionales y arbitrarios en diversos ámbitos de la administración pública.

La infortunada situación económica del país, así como la crisis institucional en curso, deberían llevar a una meticulosa y completa exposición de los impactos concretos que las medidas gubernamentales tienen en todos los niveles. De otra manera, la incertidumbre, los rumores y los temores terminarán por ahondar el descrédito institucional y las dificultades que el país experimenta en el terreno de la gobernabilidad.