Chihuahua es la segunda entidad de la República con más casos de violaciones sexuales (800); el estado de México es la primera, con 905 agresiones. Sin embargo, no existen herramientas jurídicas para dar seguimiento o vigilar a los agresores sexuales, y la falta de capacitación y personal del Ministerio Público genera que sólo 14 por ciento de los casos registrados terminen en una sentencia, informó Héctor Talamantes, magistrado del Poder Judicial de dicha entidad.

Refirió que en 2014 la Fiscalía General del Estado chihuahuense registró 827 denuncias por agresión sexual, de las cuales sólo 111 obtuvieron sentencia condenatoria y cinco absolutoria. Entre enero y febrero de 2015 ya se contabilizaron 118 casos de violaciones y 16 sentencias.

Según Talamantes, en muchos procesos penales contra acusados de delitos de violación o abuso sexual no se llega a una sentencia condenatoria, por las fallas del Ministerio Publico en la integración de las carpetas.

Pero ese no es el único problema. En la franja fronteriza, a pesar de que Ciudad Juárez es la población chihuahuense con mayor número de agresiones sexuales, y de que en la vecina ciudad de El Paso, Texas, concentra un alto número de agresores sexuales registrados, del lado mexicano no existe ningún seguimiento a la conducta de las personas acusadas de ese delito. Tampoco se tiene información sobre el número de personas deportadas de Estados Unidos que tienen antecedentes por agresiones sexuales.

La Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en El Paso deportó a 275 agresores sexuales durante el año fiscal 2014; de ellos, 73 fueron detenidos por agresiones sexuales contra menores, de acuerdo con informes del organismo.

Acapulco: albergue podría cerrar

El refugio estatal para mujeres golpeadas y afectadas por violencia intrafamiliar, perteneciente a la Secretaría de la Mujer (Semujer), con sede en Acapulco, enfrenta el riesgo de quedarse sin alimentos, pues no hay recursos presupuestados para esa instancia, advirtieron abogados de la delegación de la Semujer, que, tras concluir el fin de semana vacacional, retomaron el plantón que instalaron para exigir el pago de salarios retrasados desde hace cuatro meses.

El pasado 26 de marzo los nueve asesores jurídicos de la Semujer en Acapulco, entre quienes figuran cinco madres de familia, tomaron las oficinas de la delegación de la dependencia, en la avenida Cuauhtémoc de Acapulco, para exigir el pago de sus sueldos. El asesor jurídico de la Semujer, Hipólito Melchor Gutiérrez, advirtió que el refugio ya enfrenta una etapa muy crítica; ahí hay ocho mujeres con sus familias que están en riesgo de ya no recibir recursos para alimentación. No podemos decir su ubicación por seguridad; se están acabando los alimentos para los residentes.