El juez federal en materia civil Guillermo Campos admitió este lunes a trámite la demanda de acción colectiva que presentó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra los gobiernos del Distrito Federal y del estado de México, que permiten la descarga clandestina de aguas negras en la presa San Joaquín, ubicada en la zona de Tecamachalco.

Se trata de la primera demanda presentada por la Profepa bajo la figura de acción colectiva difusa, vigente desde 2012, con la que pueden defenderse intereses de grupos indeterminados de personas.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y la Comisión de Aguas del Estado de México fueron emplazados por el juez Campos para responder a la demanda de la Profepa en los próximos tres días hábiles, a partir de ser notificadas.

La parte sustancial de la demanda es la que se relaciona con el propósito de la Profepa de que se declare por vía judicial que ambos órganos son ambientalmente responsables por la contaminación de la presa, ocasionando con ello daños al ambiente y por consecuencia a la salud de la población aledaña al lugar afectado.

Antes de la sentencia judicial (que podría tardar varios meses), la Profepa pidió que en lo inmediato el juez ordene contener las descargas de aguas residuales, iniciar los trabajos de remediación y limpieza en la presa, analizar la toxicidad de las aguas e informar si hay empresas cercanas que estén arrojando aguas no tratadas, como medidas cautelares. Se prevé que esta misma semana el juez Campos se pronuncie en relación con las mismas.

Entre sus argumentos, la Profepa sostuvo que la presa San Joaquín es una de las más grandes del valle de México, con capacidad para 359 mil metros cúbicos, pero durante más de 50 años ha recibido descargas de drenajes de la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal y del municipio mexiquense de Naucalpan.

Los principales afectados por la contaminación del embalse son los vecinos de las zonas residenciales de Tecamachalco y Lomas Hipódromo, cuyos habitantes han presentado desde 2012 escritos de reclamación a la Profepa ante la pestilencia en el lugar y los daños a vías respiratorias, así como otros padecimientos que, refieren, afectan a unas 3 mil familias de la zona.