Opinión
Ver día anteriorMiércoles 8 de abril de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
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as urgencias electorales no sólo se instalaron en los partidos políticos, sino en todas las ramas del gobierno, especialmente en la Secretaría de Hacienda y en Los Pinos. El objetivo panorámico para el oficialismo es asegurar el control de la mayoría en la Cámara de Diputados.

En previsión de tan exigente prioridad, al seudopartido Verde (PVEM) se le dio desde esas alturas decisorias mencionadas luz continua para sus ya acostumbradas tropelías. Inundó así –con sus tramposos anuncios de haber cumplido con sus promesas de campaña– los medios masivos de comunicación sin que autoridad alguna los detuviera. El costo de su plan de propaganda rebasa, con mucho, sus capacidades financieras (prerrogativas) y sus alardeados ahorros.

Cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) finalmente actuó habían transcurrido varios meses. En ese lapso, las encuestas reflejaron sus indebidos avances en la propensión del voto ciudadano. La reacción del público y la crítica generalizada posterior, aunada a las severas multas impuestas por la doble autoridad (INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) causaron sensibles efectos a la baja en la ciudadanía.

Así las cosas, el Verde ha retrocedido a niveles todavía muy por encima de su valor. Es deseable que la vigilancia sobre sus constantes violaciones a la ley no cedan para introducir, aunque sea, una mínima equidad necesaria. Lo que ha quedado claro en todo este entramado es la mano gubernamental detrás de tan cabalgante impunidad y despilfarro.

Una cuestión es cierta: la ecuación PRI y Verde se solidifica en la mente colectiva. Pero la serenidad de las alturas, ante la presumida votación de castigo para ese binomio, ha soltado las amarras de lo que se afirma como una postura responsable en el manejo de las finanzas públicas. A los déficit primarios observados durante parte del sexenio pasado (PAN, Calderón) se suma el de 2014 del actual gobierno. Tales déficit explican, en casi la totalidad, las elevadas tasas de incremento en la deuda pública, que ya rebasa los 7 billones de pesos. Incrementarla sería equivalente a un peligroso clavado en aguas bajas. Las presumidas mejorías, que traerían bajo el brazo las famosas reformas estructurales, por su parte y con el paso de los meses, se alejan de las costas hacendarias a pasos agigantados. Las contracciones petroleras juegan un papel importante que complica la situación, pero no son las determinantes y tampoco respaldan, con precisión y menos justicia, los recortes anunciados.

El crecimiento económico logrado durante los pasados dos años sí que viene afectando la evaluación que hace la ciudadanía tanto del gobierno en lo general como del Presidente en lo particular. Si a esto se agrega un futuro continuado de lento crecimiento económico con su cauda de baja generación de empleo, el ánimo que se trasmina es de marcado escepticismo. La caída en la imagen de Peña Nieto en el aprecio colectivo es, por lo pronto, un factor de preocupación adicional entre los estrategas electorales del oficialismo y han prendido las alarmas en los ahora enrarecidos aires cupulares.

Ante un panorama como el descrito, Hacienda se viene preparando para aumentar el gasto que incida, directamente, en los renglones con matices electorales. Poco les garantiza que en estas horas álgidas podrán, al aumentar el gasto, sacar adelante la pretensión de lograr la mayoría para el PRI y su muy cuestionado acompañante. Y con este temor seguirán las cosas hasta pasado el día de la votación. Entonces, y sólo entonces, los financieros retomarán la austeridad proclamada y, para su intranquilidad, se les amontonarán otras causas de conflicto.