Puebla, Pue.

El gobierno del estado aplicó entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo una escalada de represión contra la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (Upva), que incluyó el decomiso de 18 taxis de la organización, intimidación con presencia policiaca en las inmediaciones de los mercados donde sus afiliados trabajan, y un intento de sembrarles droga, aseguraron líderes de los comerciantes.

A esa ofensiva, que los dirigentes de la Upva consideran una represalia por las movilizaciones realizadas para exigir la liberación de su fundador y asesor, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, y de su hijo, Rubén Sarabia Sánchez Reyna, se suma la decisión del gobierno estatal, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, de separar a ambos líderes, quienes compartían celda en el Centro de Reinserción Social de Puebla.

Simitrio, dirigente de comerciantes y activista por los derechos humanos y por la libertad de expresión, estuvo preso entre 1989 y 2001. Su ingreso más reciente a la cárcel fue el 19 de diciembre de 2014, acusado de faltar a las restricciones que imponía su libertad condicional por el proceso al que fue sometido hace 25 años, al encabezar movilizaciones sociales.

Rita Amador explicó en rueda de prensa que Rubén Sarabia y su hijo estaban juntos en el zona A del penal. La salud de los dos se complicó y fueron trasladados a la zona de servicio médico, pero luego que la Upva se manifestó el pasado 10 de abril, exigiendo su libertad, trasladaron a Sarabia Sánchez a la zona N, sin explicación. Por eso, Amador y el resto de los líderes responsabilizaron a Moreno Valle de cualquier afectación a la integridad de los detenidos.

La tarde del sábado, centenares de policías estatales se apostaron en las inmediaciones de los mercados Miguel Hidalgo y Unión, los dos principales bastiones de la Upva en esta capital. Iban acompañados de personal y camiones del servicio de limpia, amén de dos retroexcavadoras.

Una comisión de la Upva se acercó a los uniformados para preguntar la razón de su presencia y oficialmente no les dijeron nada, aunque trabajadores de limpia les informaron que recibieron órdenes de efectuar una limpia en los centros de abasto. Cerca de las 18 horas, una persona no identificada se acercó a las oficinas de la Upva para decirles que el mercado Hidalgo iba a ser desalojado.

Fernando Alonso, otro líder de la Upva, sostuvo que los policías iban de aquí de la zona del Hidalgo (en las inmediaciones de la central camionera, al norte de la ciudad de Puebla) a Cholula, luego a Amalucan y a Xonaca, y luego dizque se fueron a Tehuacán. Esto lo sabemos porque hubo compañeros que los anduvieron siguiendo y porque había vecinos que nos avisaban.

Por la noche se implementó un operativo supuestamente contra unidades del transporte público en calles cercanas a los mercados Hidalgo y Unión, pero en realidad se focalizó sólo en taxis de la Upva. Los conductores de los automotores, que brindan servicio a clientes de esos centros de abasto, aseguraron que las autoridades los detuvieron y revisaron escrupulosamente su documentación y unidades, a fin de encontrar alguna falla o falta que ameritara la inmovilización del vehículo.

Al mediodía del domingo, dirigentes y miembros de la unión 28 de Octubre acusaron en conferencia de prensa al gobierno estatal del panista Moreno Valle de pretender sembrar droga la madrugada de ayer en el mercado Hidalgo y otros de sus centros de abasto.

Los comerciantes aseguraron que en el estacionamiento del Hidalgo se estacionó desde las 23:30 horas del sábado una camioneta sin identificaciones, en la que vecinos y expendedores observaron bultos en los que, sospechan, había mariguana. Dijeron que por coincidencia, el vehículo fue retirado por particulares pasadas las 2:30 del domingo, una hora antes de que cesara el acoso policiaco contra taxistas de la Upva.

Además, líderes de la 28 de Octubre afirmaron tener información de que el gobierno estatal contrató a 300 pandilleros, que se apostaron en la academia de policía, en la colonia Bosques de San Sebastián, y a quienes pretendía usar para agredir a los locatarios durante la incursión policiaca que al final no se consumó.