l presidente estadunidense, Barack Obama, notificó ayer al Congreso de su país su determinación de excluir a Cuba de la lista gubernamental de países patrocinadores del terrorismo, en lo que constituye un paso decisivo para la normalización en curso de las relaciones bilaterales. A tres días de su encuentro con el presidente cubano, Raúl Castro, en el contexto de la Cumbre de las Américas realizada el pasado fin de semana en la capital panameña, el mandatario notificó al Capitolio que el gobierno de Cuba no ha proporcionado apoyo al terrorismo internacional en los últimos seis meses y ha ofrecido garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.

De esta manera, Obama sigue adelante en su decisión estratégica de procurar el fin del largo conflicto entre su país y la isla caribeña, originado por el empecinamiento histórico de Washington de impedir la autodeterminación de los cubanos. Es claro que a estas alturas, cuando el político hawaiano está en el tramo final de su segundo y último mandato, su preocupación principal se centra en el balance general que se hará de su administración, y en esta lógica le interesa distinguirse como el presidente que puso fin al bloqueo y a la hostilidad de décadas en contra de La Habana, injustificable y contraproducente incluso desde la perspectiva de la opinión pública estadunidense.

Es razonable suponer que Obama ha realizado los amarres políticos necesarios para aislar en el Congreso a los sectores reaccionarios y a los grupos más beligerantes de la comunidad cubana en el exilio, a fin de hacer viable la derogación de las leyes que dan sustento al embargo. Sin embargo, nada puede darse por seguro. Estados Unidos está por entrar en una temporada de campañas con miras a los comicios de fines del año próximo y la generalidad de las decisiones y las votaciones en el Capitolio queda sujeta a los cálculos electorales.

En todo caso, la Casa Blanca ha cumplido con su promesa de impulsar la superación del conflicto con Cuba y la normalización de la relación bilateral, y ahora la pelota está en la cancha del Legislativo.

Más allá de lo que ocurra en el Capitolio –y cabe, desde luego, desear que sean derogados allí los fundamentos legales del bloqueo contra Cuba–, resulta impactante el cinismo del lenguaje oficial estadunidense empleado para elaborar listas de presuntos gobiernos impulsores del terrorismo internacional, habida cuenta de que, por tradición, ha sido el propio Washington el principal promotor de acciones terroristas en el mundo en general y en Cuba en particular.

Ninguno de los atentados perpetrados en las últimas décadas en territorio estadunidense ha contado con respaldo de La Habana, en tanto que en la isla los ataques terroristas patrocinados por instancias gubernamentales de la superpotencia se cuentan por docenas, incluidos muchos intentos de asesinar a los gobernantes cubanos, organizados y financiados por la Agencia Central de Inteligencia. Con tales antecedentes, si un gobierno merecería ser calificado de promotor del terrorismo sería el de Estados Unidos, y resulta comprensible, por ello, la reticencia del presidente Obama a escuchar referencias históricas durante la pasada Cumbre de las Américas.