Organizaciones defensoras de derechos de jornaleros agrícolas lamentaron que existan vacíos, omisiones, complicidad e incapacidad de las autoridades y que las políticas públicas permitan la explotación laboral de este sector en 19 estados del país.

En conferencia de prensa, integrantes del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, Respuesta Alternativa, Voces Mesoamericanas y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, precisaron que mientras la agroindustria en México produce ganancias por casi 400 mil millones de pesos, los salarios de los jornaleros agrícolas van desde 65 a 110 pesos al día en promedio, carecen de los servicios elementales en materia de alimentación, vivienda, educación y salud, y están sometidos a las tiendas de raya, que los hace permanecer en sus sistema de nueva esclavitud.

Margarita Nemecio, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, precisó que se suma la muerte de 41 niños en los campos agrícolas, de 2007 a abril de 2015, muchos de los cuales también laboran en esos espacios.

Detalló que han fallecido 13 niñas, 26 niños y dos adolescentes en Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.

Antonieta Barrón, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, precisó que las condiciones de los jornaleros han ido de más a menos, pues cada vez enfrentan mayores dificultades para obtener atención de salud, quedan sólo algunas guarderías, viven en condiciones insalubres y sometidos a las tiendas de raya.

Apuntó que la Secretaría del Trabajo debería tener un registro de cuántos productores contratan jornaleros y destacó que los gobiernos no tienen voluntad política para modificar las condiciones de estos grupos.