Casi ocho meses después del derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico y metales pesados a los ríos Sonora y Bacanuchi, provocado por la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, ésta no ha entregado la totalidad de los recursos que se comprometió a otorgar a los afectados.

Hay al menos 3 mil demandantes que siguen esperando dichos fondos, además de que aún no se reparan totalmente los daños ambientales, afirma la representación del Sindicato Nacional de Mineros en Cananea.

Sobre todo, señala, siguen presentándose casos de habitantes con problemas de salud por la contaminación del agua. En los últimos meses se ha informado de más personas afectadas, sobre todo menores de edad, que viven cerca de los ríos y que padecen enfermedades cutáneas por el uso y consumo de agua de estos afluentes. Incluso han sido llevados a realizarse múltiples análisis que revelan que hay presencia de metales en sus cuerpos.

Todo ello indica que no ha pasado la emergencia ambiental, destaca la representación sindical. Asimismo, señaló a este diario que se ha tratado de acallar toda esta situación reprimiendo a los pobladores que se manifiestan para denunciar. “La situación de salud de los habitantes de la región es preocupante y Grupo México incumple sus obligaciones.

Informó que integrantes de la sección minera de Cananea conformaron un equipo de trabajo para apoyar las demandas de más de un millón de habitantes de esta localidad de Sonora afectados por la contaminación de los ríos.

Señalaron que incluso en el plantón que establecieron habitantes afectados en la zona de bombeo de agua denominada Los Patos, para denunciar que continúa la emergencia y no se han resarcido los daños, se informó que hay niños enfermos en los siete municipios de la zona por beber agua contaminada del río.

Ponen de ejemplo el caso de la señora Reyna Valenzuela, quien señala que según análisis y tres biopsias realizadas a dos de sus hijos en un lapso de siete meses, se determinó la presencia de metales en su organismo. Han tenido ronchas y escoriaciones que se les han propagado por todo el cuerpo. Ellos sólo piden apoyo para los tratamientos hospitalarios, destacan.

Esta situación y el hecho de que se han llevado a cabo movilizaciones para denunciar los nuevos casos de enfermedades hizo que los habitantes afectados, junto con autoridades federales y del ayuntamiento de Ures, firmaran un acuerdo para revisar más de 3 mil expedientes de personas a quienes no se les ha entregado el apoyo económico del fideicomiso.

Además, se reanudará la verificación física de comercios y prestadores de servicios afectados para dictaminar los pagos que aún están pendientes. Incluso se contempla llevar a cabo la contratación y capacitación de verificadores, según este acuerdo.

En noviembre pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aseguró que la emergencia estaba totalmente superada, que la empresa había resarcido los daños económicos y que se estaba atendiendo a las personas que resultaron afectadas en su salud.