En un hecho insólito, tres agentes de la policía estatal preventiva de Baja California fueron acusados de tortura luego de que un estudio de la Procuraduría General de Justicia del Estado comprobó que en 2012 detuvieron en forma arbitraria, incomunicaron y torturaron a Adrián Vázquez Lagunes, a quien acusaron de ser el presunto narcotraficante Gonzalo Inzunza, alias El Macho Prieto.

La comprobación de que el acusado fue víctima de malos tratos por los policías podría obligar a la Procuraduría General de la República (PGR) a desistirse de la acción penal contra Vázquez Lagunes y ordenar su liberación del penal El Hongo, ubicado en Tecate, donde ha estado recluido más de dos años.

En entrevista con La Jornada, Sandra Esquer Montoya, abogada de Adrián Vázquez, subrayó que el caso de su cliente es paradigmático, pues es el primero en la historia de Baja California donde se aplica el protocolo de Estambul y se logra consignar a los agresores por el delito de tortura.

Explicó que Vázquez Lagunes fue detenido el 26 de septiembre de 2012 en Tijuana y entregado el día 27 a la PGR después de haber sido torturado durante más de 12 horas e intervenido quirúrgicamente el 28, debido a la gravedad de sus lesiones.

Operaron a Adrián de urgencia y con pronóstico reservado, porque en la tortura le perforaron un pulmón y la vejiga, y le rompieron siete costillas. En la operación le tuvieron que quitar parte del bazo, indicó Esquer.

Lo confundieron con un capo

El señalamiento inicial contra Vázquez es que se trataba de El Macho Prieto, presunto integrante del cártel de Sinaloa, quien murió en noviembre de 2013. Luego de comprobar que no era la persona que buscaban, los policías lo acusaron de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y posesión de metanfetaminas, lo cual tampoco fue probado con evidencias científicas.

En octubre de 2014 –dos años después de la solicitud de su abogada–, a Vázquez le practicaron exámenes que lo señalan víctima de tortura. Este hecho, dijo Esquer, puede obligar a la PGR a dar por concluido el proceso penal y ordenar la liberación de su defendido la semana próxima.

Olga Judith Luna, esposa del acusado, advirtió que su pareja está en malas condiciones de salud por la tortura recibida y denunció que ha recibido amenazas de la policía estatal y malos tratos de los médicos encargados de atender a Adrián, a quien calificaron de delincuente sin tener bases para ello.