l activismo empresarial no le son suficientes las mutaciones que ha impuesto al Estado. No confía plenamente en sus emisarios dentro de los tres poderes. Por ello pelea directamente, frente a los resquicios que la Constitución ofrece a los sujetos sociales y a las voluntades políticas que se tejen desde la movilización con representantes del Ejecutivo, que aún practican la vieja escuela de la negociación como mecanismo de contención. La semana pasada conocimos dos perlas que dan cuenta de esa tendencia. La organización Mexicanos Primero, promotora de la llamada reforma educativa de 2013, tramitó un amparo, por conducto de su filial jurídica Aprendamos Primero, contra las secretarías de Gobernación (SG) y de Educación Pública, así como en contra del gobernador de Oaxaca y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

Señala violación a los artículos tercero, sexto y octavo. Los acusa de avalar acuerdos contrarios a sus leyes, perdón, a las normas educativas vigentes, en especial las relativas al servicio profesional docente y a la evaluación educativa. Cuestiona las minutas de acuerdos con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y solicita al Poder Judicial de la Federación que intervenga en la salvaguarda del derecho a la enseñanza de niñas, niños y jóvenes de Oaxaca. La organización civil solicitó previamente a la SG los nombres de los maestros en funciones que participaron en las manifestaciones de febrero pasado, los nombre de quienes participaron en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, la copia de las minutas y los acuerdos firmados, así como los términos, condiciones y costos al erario de las negociaciones con la CNTE.

Cuestiona los acuerdos de que los docentes podrían ser promovidos en sus puestos por buen desempeño y no por evaluaciones definidas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que el diseño de la evaluación sea realizado por los profesores y no por dicho instituto. Otros convenios fueron que no será causa de despido el que no sean evaluados u obtengan resultados insatisfactorios después de tres evaluaciones y cursos de capacitación, o la determinación de que ningún profesor en Oaxaca pueda ser removido ni cambiado de lugar o funciones como consecuencia de las evaluaciones (boletín de Mexicanos Primero 15/04/2015).

Cuánto han insistido los maestros en que la reforma de 2013 es laboral antes que propiamente educativa, y justamente los acuerdos impugnados en el amparo buscan garantizar los derechos de los profesores en ese ámbito. Será interesante observar el razonamiento del Poder Judicial en torno al interés jurídico que Mexicanos Primero asume en nombre de la población, en este caso oaxaqueña. También los argumentos que como informe justificado rindan las autoridades. Ello, en caso de que se dé entrada al amparo.

La segunda perla se refiere al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fijando su postura en torno al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, la expresó en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México. Sus palabras no tienen desperdicio: Estamos trabajando para garantizar la certidumbre jurídica en la parte de registros públicos de la propiedad, tenencia de la tierra y sobre la consulta indígena que nos afecta, sobre todo en la reforma energética, para que no sea vinculatoria y no obstruya los programas de inversión que tenemos.

Obviamente, no lo dicen los encargados gubernamentales de tales funciones. Al finalizar la reunión, agregó: Lo que nosotros queremos es que sea tomada en cuenta la opinión de muchos pueblos, tal como está en la Constitución, pero que ello no sea impedimento para la inversión. Y admitió que ello se extendería no sólo a los proyectos energéticos, sino a los de minería y agua ( La Jornada Baja California, 16/04/15). Ciertamente, hace tres décadas aún se guardaban las formas y equilibrios. Los gobernantes priístas eran celosos de su estatus, aun cuando favorecieran a esos sectores. En el caso educativo, el conservadurismo es de larga data. Ahora han convertido a los docentes en el villano favorito, al margen del conjunto de factores que inciden en el proceso educativo. Mal favor le hacen al INEE erigiéndose en los defensores de sus funciones. ¿Otra curiosa variante de la intervención neogobernante? En cuanto a la consulta indígena, tanto las secretarías de Energía como la de Medio Ambiente, así como la de Economía, le pueden decir al CCE ¿qué necesidad, para qué tanto problema? Si ellas están interviniendo directamente para distorsionar y mediatizar el derecho a la consulta. Pregunten si no a la tribu yaqui, al Consejo de Defensa de la Tierra del Istmo de Tehuantepec, que se enfrentan a concesiones y megaproyectos inconsultos y manifestaciones de impacto ambiental a modo para las empresas. Lo dicho: los neogobernantes se quitaron la máscara.