Este lunes, la juez federal Emma Gaspar Santana admitió a trámite una acción colectiva presentada por una asociación civil contra Grupo México, empresa a la que se atribuyen daños ambientales a los ríos Bacanuchi y Sonora, con el fin de que repare el daño ambiental causado en la región.

Hasta el momento, Grupo México ha pagado una multa de 40 millones de pesos impuesta por el gobierno federal y un depósito de 2 mil millones para un fideicomiso creado para reparar los daños.

Sin embargo, de prosperar este recurso de acciones colectivas el monto por reparación del daño se podría multiplicar considerablemente; más aún, si la juez Gaspar toma en cuenta que Grupo México tiene ventas anuales por más de 140 mil millones de pesos.

Los daños ambientales que se imputan a la empresa se ocasionaron luego del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico a los ríos Bacanuchi y Sonora.

En entrevista, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha, quien junto con su colega David Álvarez redactó la demanda de acción colectiva, dijo que si materialmente fuera imposible reparar el daño ocasionado, al no poder dejar el medio ambiente sin contaminación tal como estaba ante de los derrames, Grupo México será condenado a pagar una indemnización millonaria destinada a un fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, cuyo monto seguramente rebasará el del fideicomiso de 2 mil millones de pesos.

El cálculo del monto será efectuado por la juez, quien podrá apoyarse con la opinión de expertos en temas ambientes y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El dinero sería repartido con base en lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, que incluye desde 2012 las acciones colectivas.

El abogado David Álvarez, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa AC, indicó que la certificación de la demanda como acción colectiva es un paso decisivo porque, de dictarse sentencia a nuestro favor, Grupo México será condenado a reparar el daño ambiental causado, mediante las acciones que ordene el juez, cuesten lo que cuesten, y también lo obligará a implementar controles para que no se vuelva a repetir el daño ambiental.

Ambos abogados reconocieron que los obstáculos técnicos para la certificación de las demandas han sido una de las principales razones del poco éxito que han tenido las acciones colectivas.