Xalapa, Ver.

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, consideró necesario y urgente llevar a cabo un análisis profundo de los protocolos para la investigación ministerial, policial y pericial de los casos de desaparición forzada y de tortura, a fin de contar con indagatorias eficientes en esos rubros.

‘‘Esta urgencia es como una línea de acción emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), pero sobre todo un legítimo reclamo social que demanda acciones eficaces en la persecución de estos delitos’’, afirmó.

Al inaugurar la primera sesión de procuración de justicia en la zona sureste del país, la procuradora dijo que otro tema de relevancia nacional tiene que ver con el robo de hidrocarburos, ‘‘situación que afecta a más de una región en el país y requiere de un combate coordinado, eficaz, formal y estratégico. Para ello –enfatizó– nos encargaremos de acordar parámetros de colaboración adecuada que nos generen resultados’’.

La titular de la PGR indicó que tiene el compromiso de garantizar una eficaz procuración de justicia, penal y electoral, de acuerdo con el nuevo marco legal introducido con la reforma político-electoral.

‘‘La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dirigirá sus esfuerzos a la instauración de un modelo de coordinación con las entidades federativas, para garantizar un proceso electoral ejemplar, donde la ciudadanía participe con toda la confianza y seguridad que se requiere para fortalecer las instituciones democráticas’’, indicó.

Ante los procuradores de los estados de Campeche, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz, así como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, Arely Gómez dijo que con el establecimiento del nuevo sistema penal, que en junio de 2016 deberá estar en operación plena en todas las entidades, “hay una tarea que demanda nuestra inmediata atención y todo el esfuerzo posible para concluir los compromisos pactados y las acciones pendientes’’.

Destacó finalmente que los fiscales de la zona sureste del país ‘‘tienen grandes retos y el fuerte compromiso de lograr una procuración de justicia transparente, eficaz y preparada para la operación del nuevo sistema de justicia penal, además de ser respetuosos de los derechos humanos y de ofrecer garantías de protección a las víctimas del delito’’.