n mi artículo anterior propuse abordar en mis siguientes entregas cuatro temas que hoy son relevantes y que se refieren a cada uno de los ejes del deterioro actual. El estancamiento económico, el sistema de partidos, la seguridad humana y la discusión sobre privilegios y corrupción.
Empiezo con el sistema de partidos y las elecciones de junio.
El proceso que va de 1977 a 1997 combina dos tipos de transformaciones. Por una parte la transición política a través de sucesivas reformas electorales. Por otro lado las transformaciones de una economía cerrada por otra, abierta a los mercados internacionales. Frente al mito de mercados autorregulados la verdadera discusión fue a quién se quería beneficiar con nuevas y renovadas formas de intervencionismo. El mito del goteo de los éxitos económicos de los ricos a las capas populares tuvo en la política su propia versión: un sistema virtuoso de partidos políticos que contagiaría de democracia al resto de la estructura estatal vetusta y autoritaria. Y así nos fue.
Confrontado el grupo dirigente con el dilema de continuar con la política económica y el nuevo estilo de desarrollo, o abrir políticamente el sistema, optó por lo primero con la idea que la suma de modificaciones en las reglas electorales generaría cambios pausados y controlados. Empero a partir de 1997 la idea de una reforma electoral para incorporar a minorías frente una mayoría casi sempiterna cedió paso a gobiernos divididos, alternancias en algunos gobiernos estatales y finalmente en 2000 la alternancia en el gobierno nacional.
Esa mutación desde un sistema de partido hegemónico a un sistema de partidos competitivo opera a trompicones, a partir del mínimo común denominador y de un conjunto de exclusiones y privilegios que en vez de presagiar un propósito de ampliación de la democracia para todos, terminó estableciendo un sistema de privilegios para los nuevos pocos.
Luis Salazar caracteriza a ese sistema de partidos “como un sistema fuertemente polarizado no por ideas o identidades políticas consolidadas, sino por los agravios y conflictos generados tanto por la modernización económica como por la forma en que se han desarrollado las reiteradas reformas político-electorales y los conflictos en torno a las mismas… se trata de partidos cuya identidad básica se configura por la dicotomía gobiernismo/antigobiernismo”.
Regresar a la idea que se tuvo en los inicios de las reformas electorales de partidos cuyo registro se condicionaba al voto ciudadano y establecerlo como norma general –borrando las rídiculas condiciones hasta hoy existentes para poder registrarse como partido, que favorecen el dinero turbio y las clientelas ilegítimas– permitiría reconstruir un sistema de partidos a la altura de los desafíos actuales.
El rechazo al sistema actual de partidos que podría expresarse en las elecciones de junio como una combinación de aumento del abstencionismo y del voto nulo y ausencia de un partido mayoritario en el Congreso, debería también tener un momento propositivo: modificar las normas que regulan la existencia de partidos bajo una condición permanentemente condicionada al voto ciudadano, con acceso diferenciado a las cámaras legislativas y a las prerrogativas, con la disminución sustancial de éstas y una legislación seria y no grotesca como la actual en materia de candidatos independientes, consulta popular y añado yo, de impeachment.
Respecto al Partido Verde se trata de la mayor excrecencia: un partido que no es partido y que lo único que quizás tenga de verde es el color del dinero. Debe cancelarse su registro porque ha sido un contumaz violador de las reglas del juego. Por cierto sería muy aleccionador que el tribunal electoral señalara por qué modificó sus criterios que desde 2009 contribuyeron a facilitar ese comportamiento de cuatrero del oeste del multicitado consorcio familiar.
