El gobierno federal destina casi mil millones de pesos al año para alimentar a los 21 mil 847 internos de los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), donde se encuentran los prisioneros de alta peligrosidad.

Información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) revela que las autoridades federales erogan cada día 33 pesos con 26 centavos por cada desayuno, 54 pesos 68 centavos por comida y 33 pesos 30 centavos por cena, para un total de 21 mil 847 presos en los Cefereso.

Los alimentos son preparados por una empresa privada, pues las autoridades federales han considerado que, por la peligrosidad de la mayoría de los reclusos, el servicio se convertiría en un mecanismo de control que serviría a los internos para dominar a otros.

Los costos de la comida son los mismos que para el personal de custodia o administrativo que labora en cada centro federal; sin embargo, el número total de funcionarios no ha sido revelado por el organismo dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.

Más de la mitad, reincidentes

Las estadísticas penitenciarias refieren que en los Cefereso, 51 por ciento de los presos son reincidentes, en tanto que 10 mil 508 personas fueron primodelincuentes, pero ello no cambia su condición cuando se trata del cumplimiento de los reglamentos en las cárceles, debido a que los únicos momentos en que pueden coincidir con otros internos es en las horas de patio o de comedor, refirieron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

En respuesta a una solicitud de información pública, el OADPRS mencionó que aquellos reclusos que son sentenciados a un año de prisión, el periodo mínimo que pasan en esas instalaciones es de 123 días, en tanto que con una condena de cinco años el lapso mínimo promedio es de mil 95 días.

En cuanto al número de internos a los que se les ha permitido la obtención de la pena condicional; es decir, están libres pero bajo supervisión, en 2014 fue de 4 mil 283 personas, castigadas por delitos federales.

El año pasado se suspendió ese beneficio a 25 sentenciados debido a que no cumplieron sus obligaciones de supervisión o cometieron otro delito.