Un tribunal unitario federal confirmó que es improcedente la demanda por daño moral que interpuso la francesa Florence Cassez contra el ex presidente Felipe Calderón, ex funcionarios, Grupo Televisa y dos periodistas, a los que reclama el pago de 36 millones de dólares.

Los abogados de la ciudadana francesa interpusieron el último recurso jurídico con que cuentan en el país y están a la espera de que un tribunal colegiado resuelva en definitiva la controversia, aunque las oportunidades de que prospere el recurso de la demandante son prácticamente nulas, indicaron fuentes del Poder Judicial Federal.

La semana pasada, el tercer tribunal unitario en materia civil, a cargo de Armando Cortés Galván, confirmó una resolución del juez Juan Manuel Vega Tapia, del juzgado segundo de distrito en materia civil, en la que se declaró incompetente para conocer del caso, presentado el 23 de enero pasado por la defensa de Cassez, donde reclama indemnización por los más de siete años que estuvo presa en México, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.

Antes de confirmar la sentencia de primera instancia, el magistrado Cortés advirtió en varias ocasiones a los abogados de la francesa, encabezados por José Patiño Hurtado, que si Florence Cassez no viajaba a México a confirmar su firma del escrito inicial de demanda, prácticamente tenía perdido el juicio.

Sin embargo, el abogado Patiño únicamente presentó un escrito de Cassez en el que expuso que en este momento no me encuentro en (México) debido a que el pasado 11 de febrero di a luz a mi hija, lo que me impide físicamente trasladarme de un país a otro.

La francesa Florence Cassez estuvo presa más de siete años en México, y por eso pide que se le indemniceFoto Alfredo Domínguez

El magistrado abrió entonces varios periodos para dar oportunidad a Cassez de probar su imposibilidad de presentarse, lo que 27 días después no sucedió, por lo que la apelación se tuvo por no presentada el pasado 12 de marzo.

Los abogados de Cassez promovieron una demanda de amparo indirecto para impugnar la decisión del tribunal unitario.

Desde un principio, el juez de primera instancia tuvo dos razones distintas para declararse incompetente.

Respecto de los ex funcionarios, el juez determinó que la vía civil no es procedente para este reclamo, sino que las conductas que imputa Cassez deben ser revisadas con la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En cuanto a Televisa y los reporteros Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah –quienes difundieron el montaje de la Policía Federal para simular la captura de Cassez–, el juzgador determinó que el caso debe ser revisado por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues no es asunto federal.

Los abogados de Cassez debieron optar por llevar el juicio ante las instancias administrativas, con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que implica un complejo procedimiento administrativo, explicaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Cassez basa su reclamo en la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte, que ordenó su liberación, no por considerarla inocente, sino porque el montaje televisivo sobre su captura tuvo un efecto corruptor que vició todo el proceso en su contra.