Integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, presentaron una demanda de amparo por graves violaciones a sus derechos humanos en un proceso de consulta que ha sido anunciado como referente para la construcción de un parque de la empresa Eólica del Sur.

Isabel Jiménez y Mariano López, representantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, señalaron que incluso las comunidades han sido objeto de agresiones al defender sus derechos humanos. Entre las violaciones más graves se encuentran al menos 20 incidentes de seguridad en contra de integrantes de esta comunidad.

Detallaron que la demanda la interpusieron el pasado 24 de abril ante el juzgado séptimo de distrito del estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz.

Esto es porque desde noviembre de 2014 se inició un proceso de consulta para la construcción de una parte de la referida empresa, por lo que se decidió formar una misión de observadores, constituida por diversas organizaciones como el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Código DH; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (ProDesc).

Según comentaron, desde esa fecha los observadores identificaron graves vicios procesales y han entregado dos reportes al respecto, en los que documentan falta de transparencia en la información, falta de claridad y eficacia de los mecanismos de toma de decisiones y de representatividad de la comunidad indígena. Asimismo ha habido indebida participación de la empresa durante el proceso, y violación al carácter previo de la consulta.

Sin embargo, el comité técnico que lleva a cabo la consulta desestimó los documentos entregados por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, durante las sesiones de consulta, donde también se han documentado violaciones al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para las comunidades indígenas zapotecas, la llegada de las empresas eólicas ha representado un aumento en las violaciones a los derechos humanos; en particular, agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios, expusieron y agregaron que actualmente, el estado de Oaxaca se coloca en el primer lugar, a escala nacional, en cuanto a ataques a defensores y defensoras de derechos a la tierra y territorio.